Tegucigalpa.– Una grave denuncia por contaminación ambiental, con implicaciones directas en la salud humana, la seguridad alimentaria y los derechos fundamentales de comunidades rurales, fue presentada ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), evidenciando un posible patrón de negligencia institucional e impunidad que se extiende por más de una década.
Elvin Israel Rodríguez Zelaya, presidente del patronato de la aldea El Teñidero, en el municipio de Yuscarán, departamento de El Paraíso, denunció la contaminación sostenida del río Los Aguacates, una fuente vital de agua que abastece a diversas comunidades del denominado corredor seco del municipio de Yuscarán.
Según su testimonio, esta problemática ha sido denunciada reiteradamente desde el año 2015 sin que, hasta la fecha, exista una respuesta efectiva por parte del Estado hondureño.
“Se trata de una contaminación bárbara que afecta a todas las comunidades del sector. Hemos acudido a distintas instituciones y no hemos encontrado solución; nadie ha podido detener este daño”, expresó Rodríguez, al tiempo que subrayó la desesperación de las familias afectadas.
Señalamientos directos y daños irreversibles
De acuerdo con la denuncia, la contaminación sería provocada por una fábrica de aguardiente ubicada en la zona, identificada como Destilería Buen Gusto, propiedad de la familia Mondragón Cortés, la cual presuntamente descarga desechos tóxicos directamente en el río, sin controles ambientales efectivos.
Los impactos descritos por los pobladores son de extrema gravedad: mortandad masiva de peces, abortos en ganado en estado de gestación, deterioro de fuentes de agua para consumo humano y daños a la salud de personas que entran en contacto con el río, particularmente quienes realizan actividades como la extracción artesanal de oro.
El denunciante también manifestó que habitantes reportan irritaciones, lesiones en la piel y otros efectos que podrían estar vinculados a la exposición prolongada a contaminantes.
Esta situación no solo representa un daño ambiental severo, sino también una amenaza directa a los medios de vida de comunidades históricamente vulnerabilizadas, que dependen del río para su subsistencia diaria.
Denuncias sin respuesta y abandono institucional
La denuncia original fue interpuesta en 2015 por habitantes de la comunidad El Rodeo, también afectada por el paso del río. Sin embargo, el proceso fue abandonado tras la falta de acompañamiento institucional y la existencia de amenazas contra uno de los denunciantes, lo que refleja un contexto de riesgo para quienes defienden el territorio y los bienes naturales.
En la actualidad, los patronatos de distintas aldeas han retomado la denuncia, intentando reactivar el proceso. No obstante, han enfrentado nuevamente obstáculos institucionales que evidencian descoordinación y falta de voluntad política.
Rodríguez relató a defensoresenlinea.com que recientemente una comisión comunitaria acudió a la Secretaría de Ambiente, donde no se les proporcionó información clara sobre el estado del expediente. En lugar de respuestas, recibieron instrucciones para comunicarse vía telefónica o acudir a otras dependencias, sin obtener resultados concretos.
Asimismo, denunciaron que instancias técnicas encargadas de la toma y análisis de muestras ambientales han realizado inspecciones en la zona; sin embargo, estos dictámenes no han sido remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público, impidiendo el avance legal del caso.
En la Fiscalía de Yuscarán, los afectados fueron informados de que el expediente figura como cerrado, debido precisamente a la falta de estos informes técnicos, lo que pone en evidencia un grave fallo en la cadena institucional encargada de garantizar justicia ambiental.
Señalamientos de posible protección e impunidad
Ante la falta de avances, los denunciantes cuestionan abiertamente si existe algún tipo de protección hacia la empresa señalada. “No hay requerimiento fiscal, no hay judicialización. En todos lados nos dicen que no hay avances. Parece que alguien está protegiendo a los responsables”, expresó Rodríguez.
Este caso expone un preocupante escenario de impunidad ambiental, donde la inacción del Estado no solo perpetúa el daño ecológico, sino que además vulnera derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud, el trabajo digno y un ambiente sano.
Llamado urgente a la acción
Las comunidades afectadas hacen un llamado urgente a las autoridades competentes —en particular al Ministerio Público, la Secretaría de Ambiente y demás entes responsables— para que actúen con la debida diligencia, garanticen una investigación independiente y transparente, y aseguren la sanción de los responsables.
Asimismo, exigen medidas inmediatas para detener la contaminación, la restauración del ecosistema afectado y la reparación integral de los daños causados a las comunidades.
Este caso se suma a una larga lista de conflictos socioambientales en Honduras, donde la defensa del territorio continúa enfrentando obstáculos estructurales, riesgos para los denunciantes y una débil respuesta institucional.
