Tegucigalpa.- Lo que debió ser una jornada de esperanza para la juventud y el deporte progreseño, se convirtió en un episodio de violencia y represión.
La remodelación del Estadio Humberto Micheletti, anunciada con bombo y platillo como una inversión histórica de 30 millones de lempiras por parte de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), quedó en suspenso tras la brutal intervención de la alcaldía municipal dirigida por el alcalde Alexander López.
El viernes 15 de agosto, la maquinaria ingresó al estadio para dar inicio a los trabajos, encabezados por el comisionado de CONDEPOR, Mario Moncada, quien destacó que la obra sería un paso fundamental para recuperar un espacio emblemático de la ciudad y abrir nuevas oportunidades a la juventud deportista.
Sin embargo, apenas un día después, el entusiasmo fue reemplazado por el caos.
La alcaldía municipal ordenó cerrar de manera violenta el acceso al estadio, colocando cadenas, candados y desplegando a la policía municipal.
La acción desembocó en un enfrentamiento con disparos, piedras y palos, dejando como saldo varios heridos, entre ellos trabajadores de la empresa constructora y vecinos de la comunidad que habían llegado para presenciar el arranque de las obras.
La represión fue acompañada y avalada por la jueza municipal Sandra Martínez, quien argumentó que la corporación exigía documentación adicional para validar el proyecto.
Pero la versión oficial fue desmentida por CONDEPOR, que asegura haber entregado toda la información técnica y legal requerida.
Este choque de versiones refuerza la percepción de que la intervención municipal responde menos a criterios legales y más a un trasfondo político.
La suspensión de los trabajos fue confirmada por CONDEPOR, que, ante el clima de inseguridad y la integridad amenazada de su personal, decidió retirar maquinaria y detener las obras de manera indefinida.
La decisión no solo frena el avance de un proyecto que beneficiaría a miles de jóvenes, sino que coloca nuevamente al deporte local como víctima de intereses partidarios y pugnas de poder.
Organizaciones sociales y ciudadanos progreseños expresaron su indignación, condenando el autoritarismo municipal y recordando que el estadio es patrimonio de la población y no de una administración de turno.
“El Micheletti pertenece a la gente, no a los caprichos de un alcalde”, señalaron, denunciando que lo sucedido es una muestra de cómo el deporte se utiliza como herramienta de control político.
La violencia desatada no solo dejó heridos en lo físico, sino también en lo simbólico; el estadio, que debía renacer como un centro de convivencia y desarrollo, quedó cercado y convertido en campo de batalla política.
Los jóvenes, principales afectados, vuelven a quedar sin un espacio digno para entrenar, competir y soñar con un futuro deportivo.
Las organizaciones demandan la reanudación inmediata del proyecto, garantías de seguridad para los trabajadores y respeto absoluto a los derechos de la población. También exigen al alcalde López que cese las acciones represivas y a las autoridades judiciales que actúen con independencia, dejando de justificar medidas que atentan contra la juventud y el deporte.
