Desde 1981, el 30 de agosto es una fecha sagrada para las familias víctimas del crimen de desaparición forzada impuesto por los imperios coloniales en Asia, África y América.
En los últimos 45 años, alrededor de 245,884 personas han sido víctimas de este delito en distintas regiones del mundo. De esa cifra, más de 200 fueron desapariciones en Honduras y alrededor de 95 mil en Latinoamérica y el Caribe.
Estamos hablando de un crimen cuyo autor es el Estado en nombre de la seguridad nacional y la víctima es una persona con todos los adjetivos posibles: sediciosa, subversiva, guerrillera, comunista, terrorista, enemiga, delincuente, profesora, celebradora de la Palabra, sindicalista, estudiante, campesina, periodista, intelectual, teatrista, artista…
Para la comisión de este delito en forma sistemática y atroz, el Estado ha utilizado curas, pastores, dinero, policías, soplones, perros, medios, militares, torturadores, casas clandestinas, interrogadores, carros, teléfonos de escucha, toda una logística oficial inventada por la CIA y financiada por el Pentágono.
En América efectivamente fue el imperio gringo que, en el marco de la Guerra Fría, reunió a criminales con uniforme y sin uniforme para imponer la Operación Cóndor que se extendió más allá de Los Andes donde habitaba el rapaz.
En Honduras, antes de imponer la ocupación militar para agredir a Guatemala, El Salvador y Nicaragua, el gobierno de Estados Unidos mató la disidencia local de Cinchoneros y Lorenzo Zelaya para impedir la resistencia contra el militarismo imperial.
Todo dentro del Estado nada fuera del Estado, era una de las consignas oficiales a la época, y con el coco lavado por la Escuela de las Américas los chafas y los chepos de la época repetían como loros que estaba en peligro la democracia con Fidel Castro, Sandino en Nicaragua y Farabundo en El Salvador.
Mientras oficiales del ejército, del DNI y el 3-16 se enriquecían al amparo de la embajada de Estados Unidos, torturadores de Israel, Argentina y gringos entrenaban y dirigían bestias locales que descuartizaban estudiantes, profesores, dirigentes sindicales, celebradores de la palabra, periodistas, campesinos, mujeres, y toda aquella persona beligerante que representara un peligro para el Estado. O que hubiera sido delatada por los sapos.
Este próximo viernes 29, en la víspera del Día Nacional e Internacional contra la desaparición forzada, en el Museo contra el Olvido, en Amarateca, se realizarán actos conmemorativos y de reconocimiento público.
En presencia de familiares sobrevivientes, dirigentes magisteriales y estudiantiles, con participación de oficiales de Naciones Unidas y funcionarios de gobierno, el Comité de Familiares de detenidos Desaparecidos en Honduras entregará objetos de honor a Carlos Humberto Reyes y Nora Misselem.
A Carlos H el honor porque es sobreviviente de la prisión ilegal y de la tortura brutal en el período de Rosuco, porque ha sido templado como el acero en las luchas de negociación colectiva para mantener vigentes los derechos sociales y económicos de la clase trabajadora, un gran negociador político, filósofo popular, bloquero, resistente, hombre íntegro, amigo y compañero infaltable en la lucha del Cofadeh.
El honor es también a Nora Misselen, la turca popular, mujer de convicciones de acero, internacionalista solidaria en los campos de refugiados centroamericanos en la década de los años ochenta, perseguida, desaparecida temporal, sobreviviente de la tortura, mujer de Memoria, compañera de batallas.
El viernes no será solamente para recordar, llorar y honrar. En las invitaciones que circulan dice que un panel abordará el papel del Estado en investigación, procuración de justicia, reparación de daños, promoción de memoria histórica y establecimiento de medidas de no repetición.
No terminará la jornada conmemorativa del 29, víspera del mero día 30, sin decirle al Congreso Nacional que sigue en deuda con las víctimas por tercer año consecutivo.
Sin desconocer el enorme retraso que significa para Honduras tener diputados del período de la criminalidad organizada, respondiendo a bancos y a grupos con poder paralelo, se le dirá al titular del Congreso que la desaparición forzada como secuela del pasado y amenaza del futuro es una prioridad nacional.
No es una prioridad electoral, pero es una prioridad política para cualquier sociedad que no ha cerrado como debe un problema que hiere el alma nacional.
A los oficiales policiales, militares, ex integrantes del 3-16 y a los agentes de la DEA y de la CIA, no se mueran sin antes confesar sus crímenes, no sean cobardes.
Continuemos con Riccy, la lucha sigue.
