En Honduras no hay una crisis pre electoral como se difunde, los partidos están listos cada uno con sus candidatos y candidatas, las y los electores saben por quién sí y por quién no; lo que hace ruido en el ambiente son los crímenes de algunos actores y actrices participantes en las instituciones públicas concernientes.
La lista de delitos en investigación alrededor de la alcaldía de San Pedro Sula y de su alcalde Roberto Contreras es un escándalo ético, económico y político, que avergüenza por su dimensión a una ciudad, a un valle entero, porque las funciones públicas deben ser dignificadas y no degradadas hasta el fango.
La destrucción de entrada del nuevo tribunal de justicia electoral por las disputas de poder entre el partido nacional y liberal usando a Jorge Cálix como caballo troyano de ese organismo electoral causa pena. El magistrado Urrutia atrincherado en su casa y Barahona internada en una clínica esperando ambos el requerimiento fiscal por ele delito de prevaricato.
En el Consejo Nacional Electoral sufren el impacto público de todo el estiércol contenido en 26 audios difundidos por el Ministerio Público, registros auténticos en los cuales una ex secretaria de Juan Orlando Hernández describe apasionadamente la sucia operación criminal prevista por actores externos para el día 30.
El golpe electoral planificado incluye los cuatro aspectos sensibles de la elección, el transporte de los materiales de ida y venida, la transmisión electrónica de las actas conteniendo los resultados de urna, la proclamación oficial de la tendencia ganadora y el control del relato público sobre la opción triunfante.
No hay crisis por haber identificado el problema gerenciado por la victimaria que se hace ahora la víctima, la crisis sería si el Ministerio Público no es capaz de detenerla a ella y a sus secuaces participantes de la operación de inteligencia criminal.
La crisis electoral sería si el Estado se declarara incapaz de defenderse a sí mismo de la conspiración y se convirtiera en actor del golpe electoral, dejando la gerencia del crimen como en 2013 y 2017 a bandas del crimen organizado avaladas por observadores internacionales institucionales y embajadas presas del odio hegemónico, el racismo y el supremacismo fascista.
Por esas razones, otra vez el desafío de la sociedad hondureña es observar a los observadores. Van a profundizar los discursos falsos de defensa de la democracia y la libertad, de las instituciones electorales y los medios de difusión, ignorando los crímenes que están caminando en esas mismas instituciones que dicen defender.
Con modestia y sin aspavientos, hay nuevos observadores nacionales esta vez como las organizaciones magisteriales, las centrales obreras y el Cofadeh, inscritas por el CNE entre una larga lista de instancias instaladas entre el territorio hondureño y los intereses hegemónicos externos. Intereses no imparciales. Intereses no objetivos. Ni siquiera visibles y controlables financieramente. Intereses del fascismo internacional que nos acecha.
En las elecciones primarias de marzo de este año, el programa Embajadores de la Memoria, jóvenes descendientes de la primera generación de personas desaparecidas entre 1980 y 1995, y sus amistades, participaron de la observación electoral.
El texto resumen de sus apuntes al Cofadeh señaló de modo general el experimento de guerra cognitiva ejecutado por grupos privados asociados a coroneles del ejército, ex militares golpistas y personal del bipartidismo en el Consejo Electoral, encabezados por una consejera cara dura que derivó a otros su propia responsabilidad en los disturbios en Tegucigalpa.
Como lo anotaron los jóvenes participantes en aquella oportunidad, fue la determinación cívica de la población en los centros de votación capitalinos que evitó el caos que tenían preparado para ensuciar los resultados y sabotear la aceptación del escrutinio en la madrugada del 10 de marzo.
Hoy es muy grande la responsabilidad que tenemos como sociedad organizada frente a la observación del 30 de noviembre, especialmente porque la continuidad conspirativa está viva y ha sumado a otros actores de tradición injerencista en Honduras.
La observación está indicando que está en curso la operación de los grupos criminales infiltrados en las instituciones electorales, con participación de pastores evangélicos y cuadros empresariales que buscan por la fuerza controlar el Estado para retomar absolutamente sus privilegios económicos.
En los sectores de infraestructura, equipos médicos, comunicaciones, medicamentos, energía eléctrica, turismo, agroindustria y bancos, el crimen organizado ya ha mostrado sus colmillos para atacar el proceso electoral. Estamos bajo su ataque haciéndonos creer que ellos son inocentes palomas enfrentando astutas serpientes.
Desde la doctrina de los derechos humanos es fundamental vigilar el respeto del derecho a elegir y ser electo, pero también observar a los observadores. No podemos dejar este proceso popular en manos de chalecos locales y externos llegados a los centros de votación para expandir discursos de odio, de miedo ni mucho menos de violencia facha. Quieren simular un golpe suave.
Como lo dijo ayer el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras en la plaza La Merced, el primer viernes de noviembre: por los seres queridos desaparecidos por Honduras y Estados Unidos, por la memoria de la compañera Tila Salinas, permanezcamos atentas y vigilantes a las misiones de América y Europa, sin vacilar un segundo si toca denunciar y condenar cualquier acto de subjetividad política, de construcción de discurso injerencista o levantamiento de información maliciosa, que dañe otra vez la soberanía popular.
Y como siempre, que sea el pueblo organizado que celebre o defienda lo que ocurra el 30. Ya saben, el pueblo siempre existirá, el pueblo siempre vencerá.
Buenas noches
