Como cada primer viernes de cada mes estamos aquí para demandar y denunciar con el mismo espíritu de las Madres Fundadoras del Cofadeh en 1982.
Demandar la verdad histórica ocultada, negada y olvidada por los culpables, nacionalistas, liberales, gringos y empresarios de la APROH.
Denunciar que estos son tiempos muy difíciles para el pueblo de Honduras, para el movimiento de defensa de los derechos humanos y para el Continente. Estamos bien conscientes de ello.
Pero no es momento ni del repliegue ni de la vacilación.
Estamos aquí para condenar al impostor Asfura, que aceptó un honor que no ganó, y derivado de ello hace tratos con el nazismo corrupto de Ucrania, que lo lleva a un esquema de seguridad coherente con el sionismo fascista internacional.
La compra de drones a Selwsky para vigilar y perseguir la oposición, la entrega de patrullas y motocicletas a la Policía Militar de JOH, y la incorporación de agentes del FBI a tareas de seguridad interior, es una acción de subordinación de la soberanía nacional a poderes extranjeros.
Una asociación con agencias externas que estimulan la criminalidad transnacional disfrazada de combate institucional, como en Ecuador o en Honduras recientemente entre 2010 y 2021, es un acto de traición a la Patria, un crimen de apátridas, de seres mal nacidos.
Entregar a Donald Trump y a sus secuaces los instrumentos del falso combate al narcotráfico, la criminalidad organizada y la inseguridad ciudadana, es abrirle la puerta otra vez a los viejos y a los nuevos carteles traficantes de cocaína, armas de guerra e influencers de la política para controlar la justicia, la fuerza armada, la policía y la prensa.
En ese contexto de preparación previa, la Corte Suprema de Justicia bajo control de los Facussé, Zablas y la embajada imperial elimina las órdenes de captura al capo liberado que anuncia su reingreso al final de este mes con la venia del movimiento MAGA.
El rearme de las políticas de seguridad y su entrega a las agencias gringas coincide con la aprobación sin formalidades y su entrada en vigencia inmediata de la llamada Ley agroindustrial, que ya registra desalojos ilegales en Choloma y en la zona sur del país, mostrando su enorme capacidad de desestabilización social del campo.
Agobiar al pueblo con esa ley surgida de la carta Rolston y mantener en vilo la repartición de la ENEE entre las tres maras energéticas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, subsidiarias de las empresas gringas, es una estrategia de desgaste de las resistencias sociales.
Meter al país a un líder de la criminalidad transnacional a operar negocios de millonarios piratas es un acto de provocación, de desestabilización social con consecuencias políticas.
Que nadie se distraiga. Desde esta plaza le decimos al Pueblo Hondureño no perder de vista a nuestros enemigos sin Patria y a los extranjeros piratas. No más desaparecidos por razones sociales, políticas e ideológicas. De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón.
