Con el apoyo directo de las instituciones diplomáticas y políticas internacionales, las bandas del crimen organizado transnacional que ejecutaron el golpe electoral en noviembre pasado asaltaron anoche desde el Congreso la dirección del Ministerio Público de Honduras.
En este Día Nacional de Verdad, Memoria y Justicia es obligación denunciar que esta destitución anticipada del fiscal general y su posterior juzgamiento partidario es un acto de desquite directo de las redes terroristas de criminalidad organizada que operan desde y a través de este país centroamericano.
El reemplazo del fiscal Johel Zelaya por dos camarillas de la Cámara es el segundo movimiento encaminado a borrar los procesos penales de los golpistas de 2009, de las conspiradoras de 2025 y del jefe de toda la criminalidad organizada de la región, que incluye diversos dominios de la actividad económica hemisférica.
En su prisa por allanar los caminos legales a esos que ascendieron ilegalmente a los poderes del Estado y a quienes están en fila, los operadores políticos locales del Trumpismo internacional pedófilo descubren sus objetivos mezquinos parlanteando que lo hacen para desplazar las izquierdas del poder. Para eliminar la oposición, para descabezar la vanguardia política del Pueblo.
Es evidente que todas las vueltas retóricas del discurso por la democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho bla bla bla bla terminan en la concreción de negocios malvados en perjuicio de la soberanía, la seguridad y la vida del pueblo hondureño. Quieren retornar a sangre y fuego al mando único de la Nación con militares, con Sionismo, Trumpismo y Fascismo.
En esos mismos propósitos se inscriben los primeros dichos desafortunados de la impensable ministra de derechos humanos, Leda García Pagán, al referirse al cumplimiento parcial de las primeras sentencias condenatorias al Estado de Honduras en la CIDH y al abandono deliberado de casi todas las demás sentencias.
En una continuidad lamentable de odio generacional, la ingeniera de carreteras experta en trámites de bacheo atacó recientemente las obligaciones pecuniarias del Estado de Honduras en algunos de los casos de violencia política cometidos por nacionalistas y liberales entre 1980 y 1995. Ella se centró en el dinero y no en las demás obligaciones del Estado.
Obvió decir, por supuesto, que la Procuraduría del Estado, la secretaría de Relaciones Exteriores y la propia secretaría de derechos humanos que le asignaron en el reparto, han tenido que representar como corresponde los intereses del Estado y de la Sociedad y no los negocios de las bandas de culpables impunes.
El Estado de Honduras ha debido aceptar sin posibilidad de escapatoria jurídica las sentencias condenatorias en la mayoría de expedientes ventiladas por los jueces y juezas del sistema interamericano de derechos humanos, no solamente en casos de luchadores sociales, disidentes políticos y defensores de minorías, sino también en casos de los propios jueces y magistrados de la Corte de Justicia de Honduras violados por sus partidos malévolos.
La señora García Pagán tendrá que hacer un gran esfuerzo para comprender que no es lo mismo dedicarse a tramitar operaciones de balastreo en caminos rurales del Norte de Honduras que dedicarse a la defensa y promoción de los derechos humanos de la Sociedad en las entrañas mismas del Estado. ¡Que estudie!
En su mandato, le tocará presionar al defensor privado del imputado Juan Asfura y procurador del Estado para que deslinde esos dos o tres sombreros al cumplir la sentencia millonaria igualmente a favor de 4 ex magistrados de la Sala Constitucional, que fueron despedidos en 2012 sin juicio y bajo amenazas de muerte por oponerse a las zonas de desempleo y desarrollo, ZEDEs.
Esta defensora comunitaria de bases partidarias en el litoral atlántico debería saber desde ahora que los malos despidos de empleados públicos podrían terminar también en perfectas denuncias ante el sistema interamericano de derechos humanos, así como la intentona de amnistiar al tesón del golpe de 2009 investigado por sobornos de narcos, y más aún esos juicios políticos mal pensados, mal intencionados y mal calculados en un momento que la Patria se mueve entre el desequilibrio económico global, el retorno al modelo narco y la santa agitación política.
En lugar de la dislexia conceptual de la ministra sería deseable una rectificación con su equipo al frente de una conmemoración honrosa este Día Nacional de la Memoria, que reivindique el decreto ley que surgió de ese despacho, que defienda los programas de memoria histórica y de Derechos Humanos que fortalecen desde dentro un Estado, cuando son ejecutados con claridad, comprensión, coherencia y sinceridad por sus funcionarios.
Para defender esto y más estamos aquí en esta plaza en conmemoración del Día Nacional de Verdad, Memoria y Justicia.
COFADEH
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de marzo de 2026
