Tegucigalpa.- En el marco de la conmemoración del Día del Cacique Lempira, diversas organizaciones campesinas, indígenas, garífunas y populares protagonizaron este lunes tomas de carretera y movilizaciones simultáneas en distintos puntos del país para expresar su rechazo a una serie de medidas que, aseguran, profundizan el despojo territorial, la privatización de los bienes públicos y la vulneración de los derechos colectivos.
Las acciones de protesta coinciden con una fecha de profundo significado histórico para Honduras. Cada 20 de julio se recuerda la resistencia del líder indígena Lempira, símbolo de la lucha de los pueblos originarios contra la invasión y el sometimiento. En ese contexto, las organizaciones sostienen que la defensa del territorio y de los bienes comunes continúa siendo una causa vigente frente a nuevas formas de despojo.
«Solo el pueblo va a detener los abusos y la ilegalidad», expresaron manifestantes desde distintos puntos del país, quienes responsabilizan a los diputados Tomás Zambrano y Tito Asfura de impulsar y respaldar iniciativas legislativas que, según denuncian, favorecen intereses privados por encima de los derechos de las comunidades.
El principal reclamo se dirige contra el Decreto Legislativo 107-2026, denominado Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas, aprobado por el Congreso Nacional y publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 26 de junio. La normativa declara de interés nacional diversos proyectos agroindustriales, energéticos y turísticos y contempla mecanismos para proteger estas actividades, incluyendo disposiciones relacionadas con desalojos y la garantía del libre tránsito de mercancías durante manifestaciones.
Sin embargo, organizaciones sociales y de derechos humanos han bautizado esta normativa como la «ley del despojo», al considerar que facilita desalojos de comunidades campesinas e indígenas, fortalece la protección de grandes inversiones privadas y representa una amenaza para los derechos sobre la tierra y el territorio. Incluso, un conjunto de organizaciones presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional solicitando la suspensión de la ley por considerarla incompatible con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
Durante las movilizaciones, las organizaciones reiteraron exigencias como La derogación de la llamada Ley de Fortalecimiento al Sector Agroindustrial, Turismo y Energía, por considerar que promueve el despojo de tierras de la reforma agraria y de los territorios indígenas y garífunas.
El rechazo a cualquier proceso de privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), al denunciar que existe la intención de fragmentarla para favorecer intereses privados.
La defensa del sistema público de salud frente a iniciativas que, según los manifestantes, abrirían paso a su privatización.
La oposición a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), al considerarlas una cesión de soberanía nacional.
Las protestas se desarrollaron mediante bloqueos parciales de carreteras y concentraciones en diferentes regiones del país, donde los manifestantes portaban pancartas y consignas en defensa de la tierra, el territorio y los servicios públicos.
Para las organizaciones movilizadas, la conmemoración del Día del Cacique Lempira trasciende el acto cívico oficial y representa un llamado a mantener viva la resistencia frente a políticas que, afirman, continúan amenazando los derechos históricos de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes.
Las tomas de carretera reflejan un creciente clima de conflictividad social en torno a la propiedad de la tierra, los proyectos extractivos y el modelo de desarrollo impulsado desde el Estado, un escenario que organizaciones de derechos humanos advierten debe atenderse mediante el diálogo, el respeto a los derechos fundamentales y el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
