Tegucigalpa.– En el Parque La Merced, también conocido como Plaza de los Desaparecidos, familiares de víctimas y sobrevivientes de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional realizaron este martes un plantón en el marco del Día Nacional por el Derecho a la Verdad, la Memoria y la Justicia.
La memoria histórica es fundamental para garantizar el derecho a la verdad y la justicia frente a crímenes graves. Además, permite a las comunidades comprender las causas de los abusos, restaurar la dignidad de las víctimas y establecer salvaguardas contra la impunidad.
La jornada, que se extendió por tres horas, contó con la participación de representantes del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (Sitraina), del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), así como sobrevivientes, familiares de víctimas de la década de los 80, amistades y defensores internacionales, entre otros.
Durante la actividad se escuchó música alusiva a la fecha y a las víctimas de desaparición forzada, además de mensajes centrados en la memoria, la verdad y la justicia. También hubo intervenciones en las que se destacó el papel del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) en la preservación de la memoria histórica.
Asimismo, los participantes cuestionaron la situación política actual del país, particularmente la reciente decisión del Congreso Nacional de aprobar un juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya.
En su intervención, la coordinadora general del Cofadeh, Berta Oliva, señaló que esta fecha representa un día nacional e internacional dedicado a la memoria, la verdad y la justicia.
“Estamos en un encuentro para recordar la importancia de la memoria y para educar a quienes desean olvidar o borrar el pasado. La memoria del pueblo no se elimina por decretos, y quienes lo piensen están perdiendo su tiempo. También es un día de indignación nacional por los abusos contra el sistema de justicia y lo que consideramos fortalece el Estado democrático de derecho”, expresó la defensora de derechos humanos.
Oliva añadió que la impunidad en los casos de desaparición forzada ha contribuido a configurar un Estado con graves debilidades en materia democrática y de derechos humanos.
“Un Estado que no se rige por la lógica, la razón y el respeto a los derechos humanos no puede considerarse democrático. Esto atenta contra la soberanía y contra los pueblos”, sostuvo.
Asimismo, enfatizó que la deuda del país no es únicamente económica, sino también moral y ética, por lo que es necesaria una transformación que permita cambiar la historia nacional y responder a las demandas de justicia y equidad de la población.
Finalmente, expresó su preocupación por la brutalidad vivida en la década de los 80 bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, señalando que se intentó borrar la memoria de las personas desaparecidas y ejecutadas para estigmatizarlas.
“Debemos mirar al pasado y traerlo al presente, evitando prácticas que hoy se reproducen desde el Congreso Nacional. En este momento se están violentando garantías de derechos humanos. Aunque algunos sectores pretendan controlar todo, hay estructuras del crimen organizado detrás de estas acciones, con un carácter transnacional que busca silenciar el pensamiento crítico”, concluyó
