Ciudad de México / Honduras, 13 de abril de 2026. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) emitió un pronunciamiento urgente en el que alerta sobre una “grave regresión autoritaria” en Honduras, advirtiendo que la situación actual representa un riesgo directo para el Estado de derecho, la institucionalidad democrática y los derechos políticos de la ciudadanía.
En el documento titulado “Alerta por la desarticulación del Estado de derecho y la criminalización de la función electoral en Honduras”, la organización señala que “la reciente ofensiva del Poder Legislativo para desmantelar los órganos de control representa una amenaza estructural a los derechos políticos del pueblo hondureño”, evidenciando su preocupación por el rumbo que ha tomado el país.
De acuerdo con el comunicado, el Congreso Nacional ha incurrido en una “desnaturalización de las facultades de fiscalización política”, ya que, como cita la Limeddh, “la activación masiva de juicios políticos contra funcionarios de la Corte Suprema, el Ministerio Público y el sistema electoral no responde a un ejercicio de rendición de cuentas, sino a una reconfiguración coercitiva del Estado”.
En ese sentido, el organismo advierte que este uso del derecho penal y administrativo con fines políticos “vulnera la independencia de poderes y los criterios de estabilidad institucional establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, configurando un escenario que compromete seriamente el equilibrio democrático.
El pronunciamiento también pone especial énfasis en el caso del consejero Marlon Ochoa, el cual, según la Limeddh, evidencia un patrón de “criminalización del disenso institucional”. La organización sostiene que Ochoa enfrenta una persecución judicial “por ejercer su mandato legal de denunciar irregularidades críticas en el proceso electoral de 2025”, incluyendo, según el documento, “la vulneración del sistema TREP y la manipulación de datos biométricos”. Asimismo, advierte que “el hostigamiento contra el Consejero Ochoa busca silenciar a un testigo clave de la ruptura democrática”, lo que constituye “una violación directa al derecho a la verdad y a la integridad de los funcionarios públicos que actúan en defensa de la legalidad”.
En el mismo comunicado, la Limeddh alerta sobre los riesgos derivados de la concentración de poder y la remoción de autoridades autónomas, señalando que “la remoción acelerada de autoridades autónomas (…) genera un vacío de control institucional peligroso para la paz regional”. A esto se suma, según cita el documento, la existencia de “campañas que pretenden rehabilitar figuras vinculadas a la criminalidad transnacional y el narcotráfico”, lo que agrava el contexto de debilitamiento institucional.
En este sentido, la organización advierte que cuando “los mecanismos de justicia son capturados por una sola fuerza política, desaparece la garantía de protección para la ciudadanía y los defensores de derechos humanos”.
Ante este escenario, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos plantea exigencias concretas, entre ellas el “cese a la instrumentalización del derecho”, instando al Congreso Nacional de Honduras a “detener los procesos de destitución que no se ajusten a los estándares de imparcialidad y debido proceso”, subrayando que “la justicia no puede ser utilizada como brazo político”. Asimismo, demanda “protección especial” para Marlon Ochoa, exigiendo garantías plenas para su seguridad física y jurídica y el respeto a su derecho a una defensa justa. Finalmente, solicita a instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “la instalación de una misión de observación técnica que documente la pérdida de autonomía del sistema judicial hondureño”.
El organismo concluye que se mantiene “en sesión permanente de vigilancia sobre Honduras” y advierte que “la consolidación de un sistema de impunidad en Centroamérica afecta directamente la estabilidad y los derechos de todo el continente”. Bajo la consigna “Por la justicia y la dignidad, ni un paso atrás en la defensa de la democracia”, la Limeddh reafirma su llamado urgente a la comunidad internacional para actuar frente a lo que considera una amenaza creciente al orden democrático en el país.
