Catacamas, Olancho.- Cuatro ciudadanos que, junto a pobladores, mantienen una lucha en defensa de su territorio y los recursos naturales de los municipios de Gualaco y San Esteban, fueron acusados por los delitos de coacción y amenazas por un empresario de la madera vinculado a la empresa Industrias y Comercialización de Madera Sociedad Anónima (INCOMSA).
Las comunidades de Vallecito, Las Piedras, Los Lirios, Pacura, Toro Muerto y El Naranjal, donde habitan alrededor de mil personas, denuncian desde hace varios años el avance de empresas madereras que, según afirman, han ido apropiándose de tierras y recursos naturales, provocando deforestación y amenazas de desalojo.
Los acusados son Daruin Raúl Munguía, Pedro Porfirio Meza, Bayron Reginaldo Sarmiento y Blas Humberto Sandres, señalados por el empresario Carlos Zelaya Nájera, representante de INCOMSA.
De acuerdo con la denuncia, el 9 de abril del presente año los pobladores realizaron un plantón pacífico con el propósito de dialogar con el empresario y buscar una solución al conflicto territorial, ya que aseguran que se les impide acceder a tierras para cultivar granos básicos y obtener títulos de propiedad.
Tras la protesta, Zelaya Nájera interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra cuatro de los participantes, acusándolos de coacción y amenazas en perjuicio de la empresa INCOMSA.
A raíz de esta denuncia, se emitió orden de captura contra los cuatro defensores, quienes el 12 de mayo se presentaron voluntariamente ante los juzgados de Catacamas, argumentando que están siendo acusados injustamente y que en ningún momento cometieron los delitos señalados.
Pedro Porfirio Meza explicó que la protesta fue organizada por habitantes de Vallecito para exigir acceso a tierras destinadas a la agricultura y reclamar derechos sobre territorios que consideran propios.
Indicó que durante la manifestación estuvo presente la Policía y que no hubo armas ni hechos violentos, contrario a lo señalado en la acusación.
Por su parte, Blas Humberto Sandres manifestó a defensoresenlinea.com que desconocían la existencia de la orden de captura y reiteró que únicamente buscaban dialogar pacíficamente con el empresario sobre sus derechos territoriales.
Añadió que poseen pruebas de que la protesta se desarrolló de manera pacífica y lamentó que solo cuatro personas hayan sido señaladas como supuestos líderes, pese a que toda la comunidad participó en la acción.
Bayron Reginaldo Sarmiento calificó la situación como alarmante y aseguró que nunca imaginaron enfrentar un proceso judicial por exigir sus derechos.
“Nos sorprenden las acciones del Ministerio Público, que intentó acusarnos y arrestarnos sin justificación. Sentimos miedo y preocupación porque las acusaciones son exageradas y falsas”, expresó.
Asimismo, sostuvo que nunca existieron amenazas ni intimidaciones y que consideran que el proceso judicial busca intimidar públicamente a quienes defienden el territorio.
Daruin Raúl Munguía afirmó que las comunidades llevan años luchando por tierras que consideran ancestrales y denunció que el empresario reclama como propias esas propiedades, acusándolos falsamente de invasión y amenazas.
“Estamos nerviosos por la situación, pero seguimos firmes en la defensa de nuestra tierra y queremos dejar ese legado a nuestros hijos y futuras generaciones”, expresó.
El apoderado legal de los acusados, Carlos Barahona Munguía, señaló que esta lucha ha sido impulsada desde hace varios meses por pobladores de Gualaco, especialmente de las comunidades de Pacura y Vallecito.
“Como representantes legales sostenemos que esta acusación no tiene fundamento jurídico y constituye un proceso injusto”, afirmó.
El abogado destacó que sus representados son personas trabajadoras dedicadas a la agricultura y la ganadería, quienes se presentaron voluntariamente ante los tribunales porque no son delincuentes y están siendo criminalizados por defender sus derechos.
Además, informó que el juez les otorgó medidas cautelares para que puedan defenderse en libertad y programó la audiencia inicial para el próximo lunes 25 de mayo, a la 1:30 de la tarde.
Asimismo, impuso medidas de restricciones de salir del país, acercarse a la empresa, a los empleados de la misma, y a su dueño (Carlos Orlando Zelaya), y todas las semanas acudirán a los Juzgados de Letras de San Esteban a firmar.
