Tegucigalpa.- Representantes de comunidades nahuas de los municipios de Gualaco y San Esteban, en el departamento de Olancho, denunciaron la criminalización, el despojo de tierras y la explotación ilegal de recursos forestales en sus territorios ancestrales, mientras exigieron a las autoridades garantizar justicia y respeto a sus derechos comunitarios.
La denuncia la hicieron durante un plantón que realizaron frente a los Tribunales de Justicia de Catacamas, donde se desarrollaba audiencia inicial contra cuatro líderes comunitarios de esos dos municipios, quienes fueron acusados por el empresario de la madera Carlos Zelaya Nájera de los delitos de coacción y amenazas.
Para exigir justicia y dar respaldo a sus vecinos que han sido acusados injustamente, pobladores de las comunidades de Vallecito, Las Piedras, Los Lirios, Pacura, Toro Muerto y El Naranjal, se movilizaron hasta los Juzgados de Catacamas donde permanecieron estoicos desde que comenzó la audiencia hasta que terminó y conocieron la resolución del juez.
María Alejandra Flores manifestó que las comunidades continúan defendiendo derechos fundamentales relacionados con la tierra, los terrenos para vivienda y los bosques, recursos que consideran esenciales para la vida y la protección del medio ambiente.
“Desde hace muchos años hemos sufrido agravios de personas que atacan nuestros derechos. Estamos luchando por justicia y por la devolución de nuestros bosques y tierras”, expresó.
Flores señaló que los pueblos nahuas han sido víctimas de engaños y tratos injustos durante décadas, además de enfrentar procesos de criminalización que dificultan la defensa de sus territorios.
“Nos están invadiendo y desarticulando nuestras tierras. Lo único que hacemos es defender lo que ancestralmente nos pertenece”, afirmó.
Asimismo, se refirió al caso de cuatro líderes comunitarios acusados por el empresario maderero Carlos Zelaya Nájera. “Queremos una verdadera justicia, que no genere miedo ni dudas. La justicia debe aplicarse con legalidad y por personas dignas y de buen corazón”.
Por su parte, Edwin Díaz Cabrera, alcalde de Gualaco, aseguró que la problemática no tiene un trasfondo político, sino comunitario, relacionado con el acceso y defensa de la tierra.
“Hoy estamos aquí acompañando a cuatro hermanos gualaqueños que enfrentan procesos judiciales luego de presentarse voluntariamente tras emitirse órdenes de captura en su contra”, indicó.
El edil cuestionó las desigualdades de poder que enfrentan las comunidades indígenas frente a sectores económicos con influencia.
“El que tiene dinero tiene poder. La comunidad de El Naranjal es uno de los primeros asentamientos de Gualaco y cuenta con respaldo internacional, pero vivimos una situación de abandono, falta de respeto institucional y debilidad gubernamental”, lamentó.
Entretanto, Pastor Molina denunció que el empresario maderero pretende adueñarse de territorios pertenecientes a la tribu nahua mediante documentación presuntamente irregular.
“El supuesto dueño compró documentos de otras áreas y los comparó con los de aquí para aprovecharse de la madera. Lleva 30 años robándole a nuestra comunidad y violando nuestros derechos”, denunció.
Molina relató además situaciones de intimidación y abuso contra pobladores, incluyendo la detención de familiares y acusaciones sin pruebas.
“Somos cristianos de la iglesia Puerta al Cielo de San Esteban y no estamos involucrados en actividades ilegales. Es injusto que nos acusen sin evidencias”, manifestó.
Las comunidades señalaron que investigaciones realizadas apuntan a que los documentos utilizados para reclamar propiedad sobre las tierras no serían originales, por lo que exigen la presentación de documentación legítima antes de continuar con la extracción forestal.
Asimismo, denunciaron que han sido acusados de daños a la propiedad únicamente por exigir la salida de maquinaria instalada dentro de sus comunidades y por reclamar respeto a sus derechos territoriales.
“Tenemos documentos que acreditan nuestras propiedades y somos personas trabajadoras y creyentes. Lo único que buscamos es diálogo y justicia”, expresaron los afectados.
Los pobladores indicaron que al menos ocho comunidades están siendo perjudicadas por esta situación, afectando a miles de habitantes que temen ser criminalizados por defender sus derechos ancestrales y comunitarios.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades hondureñas para que escuchen las demandas de las comunidades indígenas y detengan los procesos de persecución y criminalización contra quienes defienden la tierra y los recursos naturales.
