Catacamas, Olancho.- Un juez de los Tribunales de Justicia de Catacamas, Olancho, dictó sobreseimiento provisional a favor de cuatro líderes comunitarios de Gualaco y San Esteban que luchan en defensa de su territorio, la tierra y los recursos forestales.
El Ministerio Público y el empresario maderero Carlos Zelaya Nájera acusaban a los dirigentes comunitarios de los delitos de coacción y amenazas; sin embargo, durante la audiencia inicial no lograron acreditar la participación de los imputados en esos hechos.
Daruin Raúl Munguía, Pedro Porfirio Meza, Bayron Reginaldo Sarmiento y Blas Humberto Sandres comparecieron el martes 26 de mayo ante los Tribunales de Justicia de Catacamas, donde se desarrolló la audiencia inicial.
Durante la diligencia judicial se presentaron pruebas y declararon testigos tanto de la parte acusadora como de la defensa.
En su resolución, la jueza María Isabel Mejía Flores otorgó el sobreseimiento provisional y entregó a los acusados su carta de libertad provisional. El Ministerio Público tendrá ahora un plazo de hasta cinco años para presentar nuevas pruebas que puedan incriminarlos.
Por su parte, la defensa de los cuatro líderes comunitarios manifestó su desacuerdo con la resolución judicial y anunció que presentará un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que se revoque el sobreseimiento provisional y se dicte un sobreseimiento definitivo.
“El resultado fue un sobreseimiento provisional, lo que consideramos positivo porque la criminalización ha sido injusta. Vamos a presentar un recurso de apelación para lograr un sobreseimiento definitivo, que es nuestro objetivo, ya que las pruebas lo justifican”, declaró el abogado Carlos Barahona.
El profesional del derecho señaló además que el Ministerio Público criminalizó de manera apresurada a los líderes comunitarios y que la resolución representa un avance en favor de sus representados.
Asimismo, agradeció a las personas y organizaciones que acompañaron el proceso, incluso en condiciones adversas. “Esto demuestra que el pueblo está unido y debe mantenerse firme en la lucha, porque esto apenas comienza”, expresó.
Por su parte, la abogada Karol Cárdenas, del área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), también agradeció el respaldo brindado a los comunitarios durante el proceso, el cual calificó como una criminalización selectiva orientada a intimidar a líderes y pobladores.
“Se obtuvo un sobreseimiento provisional, aunque no estamos de acuerdo con la decisión judicial, ya que el Ministerio Público no logró comprobar las supuestas amenazas”, señaló Cárdenas.
La defensora agregó que el Ministerio Público intentó criminalizar el derecho de las comunidades a defender los bienes comunes y reiteró que presentarán una apelación para solicitar el sobreseimiento definitivo, esperando que la Corte Suprema de Justicia actúe con objetividad al resolver el recurso.
