Tegucigalpa.- Treinta y cinco años después del asesinato de la estudiante normalista Riccy Mabel Martínez, su nombre continúa siendo un símbolo de la lucha contra la impunidad y la violencia ejercida desde las estructuras de poder en Honduras.
Riccy Mabel tenía apenas 17 años. Era originaria de La Ceiba y estudiaba en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, en Tegucigalpa, donde se preparaba para convertirse en maestra. Su proyecto de vida fue truncado el 13 de julio de 1991, cuando desapareció tras ser vista por última vez en compañía de un oficial de las Fuerzas Armadas.
Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en las afueras de la capital. La autopsia confirmó que había sido víctima de violencia sexual antes de ser asesinada, un crimen que conmocionó a la sociedad hondureña y expuso las profundas deficiencias del sistema de justicia frente a violaciones graves de derechos humanos, por la saña en que se perpetro el asesinato de la joven normalista.
Los responsables señalados públicamente fueron el coronel Ángel Castillo Maradiaga, comandante del Batallón de Comunicaciones, el capitán Ovidio Andino y el sargento Santos Olivares, quien purgó más años en prisión y en su momento declaró haberse culpabilizado por órdenes superiores.
El asesinato de la joven provocó una de las movilizaciones estudiantiles más importantes de la historia reciente del país. Miles de estudiantes salieron a las calles para exigir justicia, cuestionando el papel de las Fuerzas Armadas y la falta de independencia en las investigaciones.
Aquellas protestas marcaron un punto de inflexión en el debate nacional sobre la participación militar en la vida pública y fortalecieron las demandas por la desmilitarización y el respeto a los derechos humanos.
A 35 años de aquel crimen, organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que el caso continúa representando una deuda pendiente del Estado hondureño con las víctimas y sus familias. La ausencia de una investigación integral y de sanciones por todos los delitos cometidos mantiene vigente el reclamo de justicia.
El asesinato de Riccy Mabel también evidenció una realidad que persiste en Honduras: la violencia contra las mujeres y las dificultades para acceder a la justicia cuando los presuntos responsables pertenecen o están vinculados a instituciones con poder político o militar. Diversos organismos nacionales e internacionales han señalado que la impunidad en casos de violencia basada en género continúa siendo uno de los principales desafíos para el país.
Treinta y cinco años después, el caso de Riccy Mabel Martínez permanece en la memoria colectiva como un recordatorio de que la búsqueda de justicia no prescribe. Su historia representa a miles de víctimas cuyas familias continúan exigiendo verdad, reparación y garantías de no repetición.
Su nombre sigue siendo una bandera para las nuevas generaciones que reclaman un país donde ninguna mujer sea víctima de violencia, donde las instituciones respondan con independencia y donde ningún crimen quede protegido por el poder o la impunidad manteniendo el país una deuda histórica con su memoria y con el derecho de las víctimas a obtener justicia.
