Riccy Ponce
Tegucigalpa.- Cuatro fallecimientos registrados durante octubre y noviembre de 2026 en instalaciones policiales y penitenciarias de Honduras vuelven a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿qué medidas están tomando las autoridades para garantizar la vida y la integridad de las personas que permanecen bajo custodia del Estado?
Los hechos, ocurridos en Siguatepeque, Juticalpa y Támara, presentan circunstancias diferentes, pero tienen un elemento en común: las personas fallecidas se encontraban bajo responsabilidad de instituciones estatales.
Uno de los casos más recientes ocurrió el 10 de noviembre, cuando Héctor Vicente Paguada Paguada, de 38 años, fue encontrado sin vida en uno de los baños del Centro Penitenciario Nacional de Támara, Francisco Morazán. El hondureño había sido capturado tres días antes, en Sabá, Colón, por una solicitud de extradición de Estados Unidos.
El director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Amador Lacayo, confirmó el fallecimiento y explicó que el detenido permanecía en el módulo de diagnóstico.
La versión preliminar de las autoridades apunta a una posible muerte autoinfligida, utilizando un cordón que tenía en su poder. Sin embargo, las circunstancias deben ser esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes.
Este hecho se suma a dos fallecimientos registrados en menos de una semana en la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-16) de Siguatepeque, Comayagua.
El primero ocurrió el 26 de octubre, cuando José Eladio Vásquez López, de 46 años, fue encontrado sin vida en una celda policial. Había sido detenido ese mismo día y esperaba ser trasladado a los juzgados de la ciudad.
El segundo caso se registró la noche del 1 de noviembre. La víctima fue identificada como Brian Ulises González Maradiagas, de 26 años, quien también permanecía detenido en esa misma unidad policial. El portavoz de la Policía Nacional, Norman Velásquez, informó que el joven habría utilizado su propia vestimenta para quitarse la vida.
En el caso de Vásquez López, las autoridades dejaron pendiente la determinación de la causa y manera de muerte mediante la autopsia médico-legal. Ambos fallecimientos fueron objeto de diligencias investigativas.
A estos acontecimientos se suma la muerte de Elia Dariana Zapata Méndez, de 26 años, quien permanecía recluida en el Centro Penal de Juticalpa, Olancho. La joven sufrió una descarga eléctrica dentro de una celda el 3 de noviembre y fue trasladada al Hospital Escuela, donde falleció horas después debido a la gravedad de sus quemaduras.
Los recientes fallecimientos en Siguatepeque también remiten a un caso emblemático documentado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH): la muerte de Mario Orlando Sequeira Canales, ocurrida el 2 de junio de 2010 mientras se encontraba bajo custodia de agentes policiales en esa ciudad.
Mario Sequeira, de 37 años, había llegado desde Estados Unidos para visitar a su familia. Después de ser detenido por agentes policiales, fue trasladado a la jefatura de Policía de Siguatepeque, donde, según las investigaciones presentadas durante el proceso judicial, sufrió agresiones físicas que le provocaron la muerte.
Un dictamen forense identificó múltiples lesiones en su cuerpo, entre ellas daños en la tráquea y fracturas en varias costillas. Durante el juicio, testimonios de personas que permanecían detenidas en las mismas instalaciones describieron los golpes y las agresiones sufridas por Sequeira.
Tras conocer lo ocurrido, su familia buscó acompañamiento legal del COFADEH, que junto con la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público impulsó el proceso judicial contra un oficial y siete agentes policiales.
El juicio oral y público se desarrolló en junio de 2017. El Tribunal de Sentencia absolvió a los acusados de los delitos de homicidio, torturas, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. Sin embargo, condenó a tres agentes policiales, Carlos Roberto Palma, Mónico Aguirre y Carlos Verde, por el delito de vejámenes.
La resolución fue cuestionada por la representación legal del COFADEH, que presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Según la publicación de Defensores en Línea del 11 de junio de 2020, el recurso todavía estaba pendiente de resolución al momento de ese reporte.
El caso Sequeira constituye un antecedente documentado de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas dentro de instalaciones policiales de Siguatepeque y recuerda la importancia de investigar exhaustivamente cualquier muerte que ocurra bajo custodia estatal.
Aunque las circunstancias del caso de Mario Sequeira son distintas a las de los fallecimientos recientes, su historia obliga a mantener la atención sobre las garantías de protección y los mecanismos de supervisión dentro de las instalaciones policiales.
La protección de la vida es responsabilidad del Estado
Las obligaciones de las autoridades no se limitan a mantener la vigilancia y el control de las instalaciones. Las personas privadas de libertad conservan sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida y a la integridad personal.
Las Reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas establecen que las personas recluidas deben recibir evaluaciones de salud al ingresar a los centros penitenciarios y que el personal sanitario debe identificar posibles necesidades de atención física y mental, incluidos los indicios de estrés psicológico y riesgo de suicidio o autolesión.
Estos estándares también contemplan la necesidad de adoptar medidas de atención y tratamiento individualizadas, de acuerdo con las condiciones de cada persona.
En ese contexto, los recientes fallecimientos plantean interrogantes sobre los procedimientos de vigilancia, las condiciones de infraestructura, la evaluación de riesgos, la atención médica y psicológica y la capacidad de respuesta de las instituciones ante situaciones que puedan comprometer la vida de quienes permanecen detenidos.
¿Quién garantiza la seguridad de las personas detenidas?
Los acontecimientos registrados en octubre y noviembre obligan a las autoridades competentes a esclarecer las circunstancias de cada fallecimiento y transparentar las medidas de protección que se aplican en los centros policiales y penitenciarios.
También resulta necesario conocer qué protocolos se activan cuando una persona ingresa a un establecimiento de detención, cómo se identifican situaciones de riesgo y qué mecanismos de supervisión existen para evitar que ocurran hechos que pongan en peligro la vida de las personas bajo custodia.
La privación de libertad no implica la pérdida de la dignidad ni de los derechos humanos. Cuando el Estado asume la custodia de una persona, adquiere también la responsabilidad de proteger su vida e integridad.
Por ello, cada muerte debe investigarse de manera exhaustiva, independiente y transparente, sin anticipar conclusiones sobre sus causas ni descartar posibles responsabilidades institucionales.
La pregunta permanece: si el Estado tiene bajo su custodia a las personas privadas de libertad, ¿qué está haciendo para garantizar que sus vidas estén protegidas?
