Tegucigalpa.- El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) expresó su preocupación por los desalojos forzosos de pueblos indígenas y afrohondureños en Honduras, así como por las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.
En las conclusiones de un informe presentado este martes, el Comité subrayó que los delitos de usurpación y usurpación agravada están siendo utilizados para criminalizar a integrantes de estas comunidades por ocupar o defender sus tierras y territorios.
Ante esta situación, recomendó establecer una moratoria sobre los desalojos hasta que se complete el reconocimiento, la regularización y la titulación colectiva de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas y afrohondureños.
Asimismo, instó al Estado hondureño a derogar las leyes relacionadas con la usurpación, la usurpación agravada y los desalojos preventivos, o armonizarlas con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, de manera que no sean utilizadas para criminalizar a estas comunidades ni vulnerar sus derechos.
El Comité también recomendó revisar la Ley para el Fortalecimiento y la Protección del Sector Agroindustrial, con el objetivo de evitar que sea utilizada como fundamento para ejecutar desalojos.
De igual manera, instó a Honduras a desarrollar y adoptar, mediante procesos de consulta con las comunidades indígenas y afrohondureñas, un marco legislativo que garantice su consentimiento libre, previo e informado frente a cualquier medida que pueda afectar sus derechos, tierras, lugares sagrados y formas de vida tradicionales, especialmente en relación con proyectos extractivos, agroindustriales, de infraestructura y de conservación ambiental.
El Comité mantuvo además su preocupación por el elevado número de asesinatos, represalias, amenazas y actos de intimidación contra defensores de derechos humanos, incluidos líderes y miembros de comunidades indígenas y afrohondureñas.
Según el organismo, estos hechos son perpetrados tanto por actores estatales como no estatales, entre ellos grupos del crimen organizado e individuos vinculados a empresas involucradas en disputas con estas comunidades.
Ante este escenario, hizo un llamado al Estado hondureño a realizar investigaciones exhaustivas, imparciales y efectivas, así como a enjuiciar y sancionar a los responsables y garantizar reparaciones adecuadas para las víctimas y sus familias.
Finalmente, recomendó fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección y la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, además de garantizar la pronta aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
