Tegucigalpa. El exsubprocurador General de la República, Tomás Emilio Andrade Rodas, suspendió la madrugada de este viernes la huelga de hambre que mantenía desde el lunes en el parque La Merced, donde exigía acciones judiciales contra el expresidente Juan Orlando Hernández.
En un comunicado, el Comité de Huelga anunció que la decisión fue tomada durante la madrugada luego de que, según denunciaron, el riesgo para quienes permanecían en el lugar se incrementara por acciones intimidatorias atribuidas a miembros de la Policía Nacional y del Ejército asignados a la seguridad del Poder Legislativo.
«Consideramos que, en el marco del Estado represivo que retornó a nuestro país, la continuidad en este espacio de lucha y protesta pacífica es insostenible, ya que no contamos con la mínima seguridad que garantice nuestra vida e integridad física», expresó el Comité en el comunicado.
El exsubprocurador denunció haber recibido amenazas contra su vida mediante llamadas provenientes de números desconocidos y mensajes a través de redes sociales.
Ante este escenario, los manifestantes aseguraron que permanecer en el lugar significaba convertirse en «blancos fáciles» de cualquier ataque, sin poder confiar en las instituciones encargadas de brindarles protección.
La huelga de hambre había sido iniciada para demandar que el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia actuaran con independencia frente a denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción y violaciones al orden constitucional. Aunque la protesta concluyó, el Comité afirmó que continuará la lucha por la vía legal.
En ese sentido, anunciaron la presentación de demandas, solicitudes y recursos ante ambas instituciones, exigiendo que cumplan su obligación constitucional de investigar, promover e impartir justicia sin responder a intereses políticos o al poder de los involucrados.
Desde Defensoresenlinea.com, el periódico digital del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se ha dado seguimiento a esta jornada de protesta, desarrollada en un contexto de creciente preocupación por las denuncias de intimidación contra personas que ejercen el derecho a la manifestación pacífica.
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han reiterado que el Estado hondureño está obligado a garantizar la seguridad de quienes defienden derechos y expresan sus demandas por medios pacíficos.
El Comité de Huelga concluyó su pronunciamiento reiterando que la suspensión de la protesta no representa el abandono de sus exigencias.
«La justicia, el Estado de derecho, la soberanía y la democracia no son negociables», afirmaron.
