Al venir este primer viernes de agosto a nuestra plaza de 43 años, estamos conscientes que el tiempo político e histórico de Honduras sucumbe al embravecido tiempo electoral de los próximos cuatro meses.
Eso significa que es difícil colocar una demanda sentida del lado de las víctimas en el escritorio de prioridades de los diputados del Congreso Nacional, pero seguimos insistiendo.
La campaña electoral está perdiendo la oportunidad de persuadir a la antigua oligarquía de no cometer los mismos crímenes de la APROH en 1980, del CEAL golpista en 2009 y de la REDH pro fraude en 2025.
Apenas se ha llegado a precisar la existencia de una conspiración contra la elección general del 30 de noviembre a partir de las denuncias de la consejera Ana Paola Hall, identificando actores políticos odiantes de exigua militancia liberal, pero ocultando a los oligarcas violentos escondidos detrás de ellos con sed de sangre otra vez.
Las familias agrupadas en el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras hemos documentado históricamente los testimonios de persecución, tortura y amenazas, y hemos buscado eternamente los cuerpos desparecidos de las víctimas de la APROH y del CEAL. No queremos hacer lo mismo con la REDH.
La Red por la Equidad Democrática en Honduras agrupa exactamente a los mismos actores nacionales y extranjeros del golpe de Estado de 2009, que hoy promueven el fraude a favor de su bipartidismo debajo del barniz de elecciones libres, democráticas y transparentes.
Somos de la opinión que la salida de las ONGs a las calles, junto a las iglesias, la prensa golpista y los partidos desfavorecidos en las encuestas, es una operación proselitista que intenta instalar una desestabilización progresiva del ambiente social antes de noviembre.
En las imágenes de una reunión de planificación interna de la “caminata cristiana” regional en La Ceiba, prevista para el 16 de agosto, puede verse entre pastores y sacerdotes la presencia sinvergüenza de un político diplomático de la embajada de Israel conectando católicos y evangélicos, y comprometiendo cooperación para la actividad disfrazada de paz y esperanza.
Israel estuvo presente en el modelo de represión brutal de los años 80s, dirigieron operaciones estratégicas contra la resistencia entre 2009 y 2022, y ahora en pleno genocidio contra el pueblo palestino dicen presente en la calculada caminata de amor cristiano del 16 de agosto.
Dicho lo anterior, el COFADEH exige fuera manos de Israel y de los injerencistas trumpistas del proceso electoral hondureño.
Exigimos al gobierno de la presidenta Xiomara Castro elevar una protesta formal ante el Estado de Israel por su implicación en la marcha blanca de los cristianos y ante la Casa Blanca por las embusteras expresiones de la señora anticubana María Elvira Salazar, que utiliza vulgarmente los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos para sus propósitos personales, y ofende cotidianamente al pueblo soberano de Honduras con su lenguaje odiante.
Al Congreso Nacional exigimos la aprobación sin dilaciones de la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Internacionales con las víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional, que esperaríamos recibir en esta plaza el 30 de agosto próximo, Día Nacional del Detenido Desaparecido y Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Agradecemos el acompañamiento hoy en ese propósito del Colegio de Pedagogos de Honduras, la Escuela de Defensoría del Instituto para el Desarrollo de las Ciencias y las Artes (IDCA), las y los compañeros del INFOP, la Comisión del Poder Popular, la banda musical Destacamento Rojo y las personas sobrevivientes del horror de la APROH y del CEAL.
Cuando Tomás Nativí dijo que “en las calles está el poder” no era un mensaje para los montoneros liberales y nacionalistas que se pintan con sangre las camisetas destruyendo bienes públicos para impresionar las cámaras, sino es un mensaje eterno para el pueblo unido que lleva su proyecto político revolucionario en las calles hasta alcanzar la victoria.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
COFADEH
Tegucigalpa, M.D.C., 1 de agosto de 2025
