Tegucigalpa.- En medio de la discusión legislativa sobre la posible derogación del Decreto de Amnistía 04-2022 en el Congreso Nacional de Honduras esta medida podría abrir la puerta a una nueva etapa de criminalización contra personas que ya fueron beneficiadas por esta disposición.
La amnistía fue aprobada como un mecanismo para revisar los efectos de la judicialización de la protesta social y del ejercicio político en el país. La norma estuvo orientada a personas procesadas por su participación en luchas sociales, movilizaciones, defensa del territorio, del agua y de los bienes comunes, en un contexto donde diversos sectores denunciaron el uso del sistema penal para perseguir la disidencia política.
Desde una perspectiva de derechos humanos, este tipo de medidas suelen adoptarse en escenarios posteriores a crisis políticas, con el objetivo de restituir derechos, reducir la conflictividad judicial y evitar que procesos penales continúen funcionando como herramientas de control político.
En Honduras, la amnistía permitió que muchas personas enfrentaran sus procesos en libertad, recuperaran garantías y, en varios casos, cerraran expedientes considerados resultado de persecución política.
Sin embargo, el actual debate en el Congreso ha encendido alertas entre sectores sociales, que consideran que una eventual derogación del decreto podría implicar que quienes ya fueron beneficiados vuelvan a enfrentar procesos judiciales por los mismos hechos, lo que generaría incertidumbre jurídica y un posible retroceso en materia de garantías para la participación política y social.
En relación con este escenario, el diputado del partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, brindó declaraciones a un medio nacional sobre el Decreto 04-2022:
“El hecho de que tengan mayoría en el Congreso no quiere decir que tengan la verdad total de su lado ni la razón. Debemos aprender de las lecciones del pasado para que no se cometan abusos por tener mayoría para aprobar cosas en el pleno.
Este decreto ya fue fallado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, donde lo declararon sin lugar y, por tanto, es constitucional.
El 04-2022 fue el decreto que dio la oportunidad de defender su inocencia y de demostrarla a todos los luchadores sociales, a las personas que dieron todo por defender el agua, los bienes comunes y la tierra, y que fueron criminalizadas en el pasado. Así que creemos que es una aberración el decreto, porque consideramos que está fuera de lugar en el marco de los principios del derecho y la retroactividad de la ley”.
El debate legislativo se produce en un contexto donde la criminalización del ejercicio político y social continúa siendo señalada por organizaciones de derechos humanos como un problema estructural en el país.
En ese marco, cualquier decisión sobre la amnistía debe considerar sus implicaciones jurídicas y sociales, particularmente para las personas que ya se acogieron a la medida y que podrían enfrentar nuevamente la incertidumbre judicial.
