Tegucigalpa.– Durante un análisis del contexto político nacional con organizaciones sociales, el director del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), Gustavo Irías, afirmó que Honduras vive una prolongada disputa por transformar su sistema político, pasando del bipartidismo al multipartidismo.
Sin embargo, advirtió que esta transición ha estado marcada por una cultura política común entre las principales fuerzas, caracterizada por el clientelismo, el capitalismo, la baja calidad democrática y prácticas corruptas.
Irías recordó que las elecciones de 2013 marcaron el fin del bipartidismo tradicional y el surgimiento de lo que denominó un “multipartidismo limitado” o “tripartidismo”, ya que el Partido Libertad y Refundación (Libre) surgió de una implosión del Partido Liberal.
“A pesar de los cambios en el mapa electoral, la cultura política sigue siendo la misma”, señaló.
El analista enfatizó que la crisis política se combina con una crisis estructural histórica, marcada por profundas desigualdades económicas, sociales, territoriales y de género, así como por la corrupción, que pasó de ser una distorsión del sistema a convertirse en un mecanismo de acumulación de riqueza para élites tradicionales y emergentes.
“Las elecciones importan y deben ser transparentes y legítimas, pero el desafío es elevar la calidad de nuestra democracia. No basta con acuerdos coyunturales entre tres partidos para repartirse cuotas de poder; necesitamos un verdadero acuerdo de país con voluntad política para impulsar reformas sustantivas”, subrayó.
En relación al proceso electoral en curso, Irías destacó como un avance el acuerdo unánime en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el uso del TREP, que permitió destrabar una crisis institucional originada en las elecciones internas del 9 de marzo.
Este consenso, dijo, ha permitido retomar el cronograma electoral, aunque con un retraso de más de un mes.
No obstante, advirtió sobre riesgos que podrían afectar las elecciones de noviembre. Entre ellos mencionó el estado de excepción vigente, que limita libertades democráticas básicas, y la creciente influencia de actores religiosos en la política.
“El desafío para las organizaciones ciudadanas es presionar por el levantamiento del estado de excepción y defender las condiciones esenciales para una elección verdaderamente democrática”, concluyó.
