Tegucigalpa.- La práctica de la desaparición de personas por razones políticas en Honduras inició en 1979, pero alcanzó su mayor intensidad a partir de 1981.
De acuerdo con el informe “Los hechos hablan por sí mismos”, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en el país se registraron 184 desapariciones forzadas durante la década de los ochenta, constituyendo una política de Estado aplicada bajo la Doctrina de Seguridad Nacional.
Las víctimas eran en su mayoría personas consideradas por las autoridades como una “amenaza” para la seguridad del Estado. Muchas de ellas estuvieron sometidas a vigilancia y seguimiento sistemático antes de su detención y posterior desaparición.
En el mes de agosto, la represión alcanzó uno de sus momentos más crueles, al menos 22 personas de distintas nacionalidades fueron detenidas y desaparecidas. Entre ellas se encuentran las salvadoreñas Yadira Villalta y Matilde Quintanilla M., así como las hondureñas Teresa de Jesús Sierra y María Candelaria Muñoz.
Del total de desapariciones ocurridas en este mes, 15 corresponden al año 1981, año en el que se intensificó esta práctica en Honduras; 4 ocurrieron en 1982, una en 1987 y 2 en 1988. La mayoría de las víctimas eran de nacionalidad hondureña (9) y salvadoreña (8).
Cada 30 de agosto, Honduras se une a la conmemoración del Día Nacional del Detenido Desaparecido y al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fechas que recuerdan la urgencia de mantener viva la memoria, exigir verdad y justicia, y reafirmar el compromiso de que estos crímenes de lesa humanidad no se repitan.
