Tegucigalpa.– En un espacio de reflexión y denuncia frente a la cancelación de los programas de memoria histórica, impulsada por el gobierno de Nazry Asfura mediante el Decreto Ejecutivo PCM-004-2026, se desarrolló en Café Paradiso, en el centro histórico de la capital, el documental conversatorio “La Memoria es Resistencia, no se deroga por Decreto”.
La jornada fue promovida por Café Paradiso y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), en el marco del mes de la memoria y del Día Nacional por el Derecho a la Verdad, la Memoria y la Justicia, que se conmemora cada 24 de marzo.
Al encuentro asistieron periodistas, escritores, víctimas, exfuncionarios y jóvenes interesados en la historia reciente del país. Como panelistas participaron Annarella Vélez, exsecretaria de las Culturas y las Artes, y Berta Oliva, coordinadora general del Cofadeh.
El documental, producido por Cofadeh y realizado por Luis Méndez, Axel Chávez y Shari Izaguirre, aborda la desaparición del Museo Nacional de la Memoria, ubicado en la antigua Casa Presidencial, donde se encontraba la sala “Búsqueda, Resistencia y Esperanza”. Este espacio albergaba los nombres, rostros y pertenencias de personas detenidas desaparecidas, siendo uno de los más visitados por estudiantes, familias y ciudadanía en general.
Durante el conversatorio se cuestionó la decisión gubernamental de derogar decretos clave que sostenían el Programa de Memoria, Verdad, Reparación, Justicia y No Repetición, entre ellos el PCM 17-2024 y el PCM 14-2025, así como la modificación del PCM 13-2023. Según se expuso, estas acciones debilitan los esfuerzos por preservar la memoria histórica y favorecen la impunidad.
El Cofadeh expresó su rechazo a estas medidas, al considerar que vulneran el derecho a la memoria y el cumplimiento del mandato constitucional de investigar crímenes de lesa humanidad, sancionar a los responsables, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
Durante su intervención, Berta Oliva enfatizó que las víctimas y sus familiares han mantenido una ruta clara en la búsqueda de verdad y justicia. Recordó que los hechos ocurridos en la década de 1980, en el contexto de la doctrina de seguridad nacional, siguen generando dolor y exigen respuestas sobre sus verdaderos responsables.
“Aún nos duele recordar a quienes salvamos y a quienes no pudimos salvar. No podemos negociar esos sentimientos ni olvidar a nuestras víctimas”, expresó.
Asimismo, advirtió sobre decisiones políticas que, a su juicio, debilitan la institucionalidad y la separación de poderes, haciendo un llamado a mantener una postura independiente frente a los partidos políticos y a no normalizar escenarios de persecución.
Oliva concluyó señalando que la memoria es un derecho colectivo e irrenunciable. “No se inventa, se construye, se dice sin miedo y se defiende con determinación. No podemos permitir retrocesos que nos lleven a nuevos ciclos de violencia e impunidad”.
Por su parte, Annarella Vélez subrayó la importancia de conocer la historia para evitar su repetición y construir una sociedad más justa. Destacó avances logrados en años recientes, como la creación del Museo de la Memoria y el Instituto de Investigación de la Memoria Histórica durante el gobierno de Xiomara Castro.
Vélez alertó que el desconocimiento del pasado abre la puerta a repetir errores del siglo XX, e insistió en la necesidad de mantener una ciudadanía vigilante y comprometida con la defensa de los derechos humanos.
“Debemos hacer de la memoria una práctica cotidiana. Defender los derechos de todas las personas es también honrar a las víctimas”, afirmó.
Finalmente, llamó a la organización social y a la unidad frente a lo que calificó como un retorno a tiempos oscuros, insistiendo en que mantener viva la memoria es una forma de resistir y de evitar nuevas violaciones a los derechos humanos.
