Giorgio Trucchi l Rel-UITA
Este 2 de marzo, familiares de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), acompañados por organizaciones sociales y populares defensoras de territorios y bienes comunes, se movilizaron hacia la capital, exigiendo verdad y justicia para la lideresa indígena asesinada hace diez años.
Después de realizar un plantón frente a las instalaciones de la empresa Camosa, propiedad de la familia Atala Zablah, cientos de personas se trasladaron hacia la Corte Suprema de Justicia y, luego, al Ministerio Público.
Además de condenar con fuerza el crimen del que fue víctima Berta Cáceres y apuntar con el dedo a los autores intelectuales del asesinato, exigieron a los operadores de justicia avanzar con los requerimientos fiscales.
De acuerdo con el informe presentado recientemente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), principales responsables del crimen fueron los accionistas mayoritarios del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y de la empresa Desarrollo Energético SA (DESA).
Fueron ellos a desempeñar “roles relevantes en la conformación y funcionamiento del dispositivo societario y financiero que, en última instancia, posibilitó el asesinato de Berta Cáceres”.
Específicamente, se refieren a José Eduardo, Pedro y Jacobo Atala Zablah y a Daniel Atala Midence, “quienes desempeñaban cargos directivos tanto en empresas vinculadas al proyecto Agua Zarca, como en institutos bancarios”.
