Por Sandra Rodríguez
Racha: En cualquier actividad, período breve de fortuna o desgracia (rae)
Tegucigalpa.- Hace un mes que asumió la presidencia de la República (en modo dudoso) Nasry Juan Asfura Zablah, del Partido Nacional de Honduras (PNH) violentando derechos humanos civiles y políticos como el derecho al voto, libertad de elección o libertad de asociación, a los que suman en estos días derecho a la salud, trabajo, libertad, defensa e integridad personal.
¿Hasta dónde va a llegar esta sed de poder? ¿vuelve la centralización de poder? ¿estará el Congreso Nacional usurpando poderes? Estas y otras preguntas que se centran en la palabra “poder”, y que llevan a las frases populistas de campaña del Partido Nacional “se activó la racha” o “vamos a estar bien”.
La situación es de amenaza social. Se inició con la militarización en el centro de Tegucigalpa para la toma de posesión de Asfura en la última semana de enero. Sin embargo, se condenó durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), el prolongado estado de excepción desde diciembre 2002 a enero 2026 para combatir el crimen organizado, ahora vemos instituciones militarizadas para que los trabajadores no ingresen a sus puestos laborales, denunció Berta Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Entidades como el Sistema Nacional de Emergencias 911 y la Procuraduría General de la República (PGR) que dirige Dagoberto Aspra, fueron militarizadas. Además del edificio legislativo, donde los militares han vuelto a lanzar bombas lacrimógenas contra la población en ejercicio de la protesta social e impedir el acceso inmediato.
Pareciera que el Congreso Nacional está asumiendo roles que le corresponde a otro poder del Estado y a otras entidades, ya que emiten decretos, leyes y juicios anti derechos humanos, agregó Oliva.
Es en ese recinto donde se trastocan derechos contemplados en la Constitución de la República que es: “el pacto social que une a los hondureños con el gobierno y con el Estado”. Entonces, cuando se viola la Constitución se violenta el pacto del pueblo con el Estado, explicó el abogado constitucionalista y exdiputado de LIBRE, Ramón Barrios.
Gobierno en contra del pueblo
En pocos días hay trancazos económicos, criminalización a defensores de derechos humanos, estudiantes, campesinos, obreros y funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), se pretenden impulsar proyectos de bacheo de calles, fideicomisos con la banca privada, se le da más importancia a lo privado que a lo público, entonces se viola la Constitución de la República, porque no se beneficia al pueblo, agregó Barrios.
En este sentido, Berta Oliva, considera que el Congreso Nacional al mando de Tomás Zambrano (PNH), parece querer concentrar el poder, incluso con tomas de decisiones que le corresponden a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Fiscalía General del Estado, al mencionar la aplicación de “juicios políticos” contra altas magistraturas cuyas acciones favorecen a las minorías y no a los intereses oligárquicos.
Los juicios políticos son amenazas contra tomadores de decisión que no están a favor de los corruptos del bipartidismo (Partido Liberal y Partido Nacional), afirmó el abogado Barrios, por lo que no es de extrañar que “todo lo que están haciendo es blindarse en impunidad para proteger a los corruptos, algunos de ellos en el gabinete del actual gobierno, el mismo Nasry Asfura tiene una denuncia por actos de corrupción”.
Honduras en el radar de violaciones a DDHH
El gobierno de Xiomara Castro realizó acciones importantes en el tema de memoria y derechos humanos, entre ellos rescatar el color original de la Bandera Nacional que es azul turquesa, pero el oficialismo retornó al color azul oscuro igual que su insignia partidaria.
Otro acto casi inmediato fue la aprobación del Decreto Ejecutivo Número PCM-04-2022, denominado LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y PARA QUE LOS HECHOS NO SE REPITAN, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 35,840 del 4 de febrero de 2022, en el cual el COFADEH y la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), extendían constancias a los defensores y pobladores judicializados por razones políticas desde el golpe de Estado del 2009 hasta enero de 2022 (con excepciones de funcionarios).
Se corre el riesgo que Honduras continúe siendo uno de los países más peligrosos para defender los derechos humanos, porque la vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute (PNH) solicitó la anulación de este decreto, excluyendo algunos artículos como ser el monumento a Isy Obed Murillo y otros mártires de la resistencia al golpe.
Al mismo tiempo hay tres altos mandos castrenses señalados por el crimen de Isy Obed: Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez estuvieron unos meses en prisión, pero la semana anterior fueron beneficiados con medidas sustitutivas, y el general en retiro Romeo Vásquez Velásquez se mantiene prófugo.
La defensora Oliva dijo que, el COFADEH siempre va acompañar y representar a las personas que se sientan ofendidas con esta situación, ya que el PCM 04-2022 benefició al pueblo defensor de la soberanía durante la narcodictadura nacionalista. Caso contrario fue el Decreto 02-2010 que aprobó el Congreso, otorgando una amnistía general a militares y participantes en el derrocamiento del entonces presidente Manuel Zelaya.
“No se puede derogar el beneficio para la víctima”, afirmó el abogado Barrios, los beneficiarios del decreto de Amnistía 04-2002 ya gozan de su libertad. Casos como éste, suma a los temas violatorios de derechos humanos y reafirma un Congreso tradicionalista e históricamente de llegar al poder mediante la fuerza, violatorio de los derechos humanos en la década de 1980 con el general Gustavo Álvarez Martínez, la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, los detenidos desaparecidos.
Agregó que, el Poder Legislativo siempre ha sido violatorio a derechos de los trabajadores con leyes como el empleo por hora, en el golpe de Estado del 2009 se recrudeció nuevamente la criminalización, narcotráfico y hasta un presidente y su hermano fueron condenados en Estados Unidos por este hecho. Es un Congreso violador de la Constitución que durante los gobiernos nacionalistas entre 2009 y 2022 promovió acciones para crear impunidad y proteger a sus mismos integrantes violadores de derechos humanos y la Constitución de la República.
Aquí entra en contienda otra propuesta que lejos de combatir la inseguridad, condena y estigmatiza a la población de escasos recursos económicos y falta de oportunidades. La diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, mocionó el proyecto de ley para reducir la edad punible de 18 a 16 años de edad, a fin que los niños, niñas y adolescentes (NNA)que incurran en la comisión de delitos graves sean juzgados como un adulto.
Esto es una regresión de derechos de los menores puesto que Honduras es signatario de tratados internacionales que protegen a los NNA, entonces los diputados deberían hacer reformas constitucionales, explicó el abogado Ramón Barrios.
Y considera que, el inconveniente de nuestros legisladores “es que creen que los problemas sociales se resuelven mediante leyes”. El problema de la delincuencia de nuestros menores es una situación de orden social y estructural. Señaló que el 95 por ciento de menores infractores pertenecen a la clase más pobre del país, por lo que el Sistema Penal normalmente condena jóvenes infractores pobres y eso es falta de oportunidades.
“No son delincuentes, sino que la desigualdad estructural del país es por falta de oportunidades y los lleva a delinquir”, ellos necesitan una respuesta social, el Estado debe dar más oportunidades y no es bajar la edad punible, sino bajar la criminalización de la pobreza con trabajo y educación”.
Trabajo y salud: amenaza completa
Indagando en otros temas que vulneran los derechos humanos, el PCM es el 004-2026 publicado en el Diario Oficial La Gaceta num. 37,079, mediante el cual deroga e interviene algunas Secretarías de Estado y otras direcciones, sumando la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, que podría causar el despido de unos 50 mil trabajadores afines a LIBRE, suponiendo medidas de reajuste a las finanzas públicas.
El Procurador General ha mencionado un manual especial para despidos de trabajadores estatales sin incurrir en delitos. El trabajo es un derecho humano y no se puede justificar por un cambio de gobierno ¿Quién va a parar esta serie de violaciones? Se pregunta Berta Oliva, ya que se están violentando tratados internacionales y el Código del Trabajo que es producto de una lucha popular marcada en 1954.
En este tema, la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano “es una regresión a derechos señalados en la Constitución de la República, y sobre todo porque autoriza al Poder Ejecutivo conciliar las demandas laborales que refiere a más del 70 por ciento de activistas del Partido Nacional (exempleados) que demandaron despidos, pero ahora el mismo gobierno de Asfura lo justifican con una “emergencia” pero no es tal, enfatizó Barrios. El propio ministro de finanzas, Emiliano Hernández Hércules, lo desestimó públicamente, “entonces deben despedir (a los de LIBRE) para contratar y pagar (a los de su partido)”. Se ha denunciado además de la militarización de instituciones, cortes de energía eléctrica, falta de agua y pago de salario como medidas de represión.
Otros afectados en su derecho al trabajo son 170 obreros de la salud que integraron la Brigada Médica Cubana (BMC), quienes arribaron a Honduras desde el 27 de febrero de 2024 y atendiendo cientos de miles de consultas en múltiples especialidades y lugares poco accesibles.
Honduras y Cuba en un gesto de hermandad solidaria, retomaron convenios en educación y salud, durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. El beneficio es incalculable pero el gobierno de “la racha”, en vez de agradecer tanto bien, por declaraciones de la diputada y médico Jojana Bermúndez, los ha catalogado de “espías”.
Por lo que el excelentísimo embajador de Cuba en Honduras, Juan Loforte, condenó la campaña de desprestigio del gobierno derechista y afirmó que, en 25 años de trabajo en Honduras, las BMC realizaron 30 millones de consultas, decenas de miles de intervenciones quirúrgicas, cerca de 80 mil operaciones de la vista, cientos de vidas salvadas, además de la formación gratuita en universidades de la isla de mil 640 médicos hondureños.
“Cuando se expulsa a los trabajadores de las BMC se atenta contra el pueblo”, denunció Berta Oliva, se les llama “espías” en el mismo lugar donde hay un diputado que no fue electo por el pueblo. Hoy mas que nunca, los DDHH están en peligro, existe una amenaza completa.
La expulsión de los médicos cubanos es una respuesta a peticiones del gobierno de los Estados Unidos, afirmó Ramón Barrios. Las opiniones de funcionarios del gobierno de Donald Trump, felicitaron la acción contra los ortopedas, neurocirujanos, vasculares, oncólogos, internistas, psiquiatras, epidemiólogos, pediatras, cardiólogos, especialistas en hematología pediátrica, inmunología, enfermería, geriatras, coloprogtólogos, anestesiólogos, cardiólogos, alergiólogos, endocrinólogos, expertos en oftalmología y demás, que atendieron al pueblo más pobre.
Es lamentable el panorama hondureño “no se ve ni rendijas para visualizar la salida”, concluyó Berta Oliva; por su parte, Ramón Barrios afirmó que esta serie de violaciones constitucionales abonan a la impunidad para protección de ellos mismos.
Entonces la racha será un lapsus de tiempo no tan breve, no tan bueno, para los derechos humanos y quienes defienden la soberanía nacional.
