En 2013 y 2017, a las organizaciones de derechos humanos de Honduras les tocó acompañar a decenas de familias que reportaron a seres queridos perseguidos, torturados, forzados a salir del país o asesinados.
Los daños de aquellos golpes electorales fueron tan feroces como los saldos del golpe político, religioso y militar de 2009. Unas más, otras menos, las cifras de violencia contra las personas disidentes o simplemente manifestantes en desacuerdo con el robo de la voluntad popular, se cuentan por centenas.
El aparato de represión, de grupos mercenarios y equipos electrónicos utilizados para aplastar la reacción popular a las elecciones fraudulentas no estuvieron en los informes de la observación electoral, nacional e internacional.
El relato de esas entidades paralelas a los medios y a los propios órganos electorales ha sido nefasto en la experiencia reciente de Honduras. Con sus chalequitos repiten la matriz que les dicta Miami y Washington, ignoran los hechos y maximizan las incidencias que no inciden.
Con el protagonismo absoluto de la embajada de Estados Unidos en 2017 se consumó la más vil de las mascaradas contra un pueblo. El fraude vulgar que usó ingeniería electrónica y estadística remota para infiltrarse en el sistema electoral y terminar imponiendo a un impostor.
Las maras contratadas por el cártel de Sinaloa y el cartel de los Hernández del partido nacional salieron a perseguir y a disparar contra las juventudes que rechazaban el fraude, mientras las misiones observadoras de la OEA y de la Unión Europea se plegaron al mandato del Departamento de Estado aceptando como válidos los resultados podridos.
En aquellos años las opciones eran dos, o la resistencia social y política al modelo narco vencía moralmente el golpismo de Estados Unidos que usaba a Honduras como furgón transportador de cocaína, o seguíamos con el sinvergüenza ambicioso que garantizaba la privatización de lo público y los negocios de la mafia financiera.
En 2025 las señales que estamos recibiendo de esa cosa que llaman tribunal de justicia electoral, del propio Consejo Electoral y del COHEP incluida la asociación de bancos, es que no les importa meternos otra vez en un escenario pre y post electoral no apto para cardiacos.
Por primera vez no es un partido contra un bipartido. Es el pueblo contra una mafia pública-privada. El pueblo organizado contra una casta migrante sostenida por la mafia asentada en territorio estadounidense, y en Dubái.
En 2025 no se trata sólo de una disputa por los votos, si ganan ellos con un títere misógino o si gana el pueblo con una profesora. En realidad, están en juego la justicia social y la criminalidad organizada. La tiranía financiera quiere seguir con el monopolio de las medicinas y las fuentes de energía, y el pueblo quiere rescatar su soberanía.
Como bien se ha dicho esta semana en diferentes espacios de análisis, el país perdió los mediadores entre el partido liberal y nacional, es decir entre los árabes y los hebreos; las iglesias ni los gremios ni el cohep ni la embajada de Estados Unidos tienen piso moral para cumplir ese papel. Todos se posicionaron en el debate electoral y son parciales. Por eso convirtieron el proceso electoral en el campo de batalla.
El Cohep y sus medios de comunicación fracasaron en la empresa de organizar debates presidenciales, se quedaron como autistas escuchándole a sí mismos. Y las iglesias con sus ong´s igualmente, se metieron a llevar la campaña de sus patrocinadores azules y colorados y se quedaron sin el santo ni la limosna.
La grave revelación sobre el papel de la embajada de Estados Unidos, es decir, el departamento de Estado de Estados Unidos que dirige Marco Rubio, vino de un joven diputado del partido nacional.
Sin meditar el efecto de sus palabras, Rolando Barahona, de Comayagua, ha revelado esta semana que la embajada de Estados Unidos lo contactó y lo convenció de apoyar la campaña de Nasralla Salum, que es la apuesta equivocada del cohep y sus iglesias.
De inmediato han saltado las alarmas, porque en 2017 sin embajadora en la avenida la paz, Washington dirigió el escrutinio electoral más violento de la historia política de Honduras y proclamó presidente a un narco impostor que hoy lee la biblia en una cárcel de máxima seguridad en Virginia occidental.
¿Por qué la embajada de Estados Unidos se tiene que implicar de este modo vulgar en la elección del 30 de noviembre, por qué no designó embajadora después de Laura Dogu y por qué se hizo inscribir como observadora electoral entre la larga lista de 30 entidades externas que incluye actores del fascismo?
Seguramente el grillo tendrá respuesta a esas preguntas, pero lo que sí ya es evidente es el plan que la presidenta Xiomara Castro denunció el miércoles pidiendo a los militares máxima alerta, como lo hizo ese mismo día el consejero Marlon Ochoa ante el Ministerio Público denunciando a una consejera, un jefe de bancada, unos oficiales militares y sepa Dios quiénes más.
Como una de las organizaciones defensora de derechos humanos, que ha llorado con las víctimas de 2013 y 2017, el cofadeh expresó esta semana su preocupación por las señales de este confronto entre la tiranía financiera y el pueblo hondureño.
No podemos ir a una nueva elección a matarnos entre nosotros, porque hay otras formas de enfrentar este choque de placas políticas entre la oligarquía nefasta y la nueva sociedad.
Mientras llega el momento de elegir y rectificar, que sirva de algo nuestro llamado a los operadores políticos en las sombras. Eso que desean hacer contra el pueblo, les costará caro. Les costará dinero. Les costará tiempo. Porque el pueblo siempre vence, el pueblo siempre existirá. Y nosotras con él. Buenas noches.
