Tegucigalpa.- Representantes de las comunidades de Vallecito, Los Lirios y Las Piedras, entre otras comunidades involucradas del departamento de Olancho, sostuvieron una reunión con la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, con el objetivo de dar seguimiento a la defensa legal y denunciar la criminalización que enfrentan varios pobladores por su lucha en defensa de la tierra, el agua y el territorio.
Durante el encuentro, líderes comunitarios, defensores y representantes legales expusieron la situación que atraviesan las comunidades afectadas por presuntas acciones de desplazamiento forzado y hostigamiento vinculadas a intereses madereros en la zona.
El abogado defensor Carlos Manuel Barahona destacó el respaldo brindado por el COFADEH a las personas criminalizadas, señalando que el acompañamiento ha sido “positivo y de mucha ayuda para el grupo y las comunidades”.
Asimismo, expresó su confianza en que durante la audiencia inicial programada para el lunes 25 de mayo de 2025 se logre el sobreseimiento definitivo de los pobladores acusados, por ser la misma injustificada.
“Consideramos que ha sido una acusación injusta para las personas que han sido criminalizadas y esperamos obtener la carta de libertad definitiva y el cierre del expediente”, manifestó.
Por su parte, Blas Humberto Sandres, presidente de la Junta de Agua, explicó que la lucha de las comunidades surge ante el temor de perder las fuentes de agua debido a la deforestación.
Además, denunció que varios pobladores han sido sometidos a constantes citaciones fiscales y procesos judiciales como mecanismo de intimidación.
“El apoyo del COFADEH ha sido excelente. Nosotros somos personas de escasos recursos y este acompañamiento nos ha dado fuerza para seguir adelante”, expresó, quien además confirmó ser uno de los comunitarios criminalizados.
Los pobladores sostienen que las acciones judiciales y amenazas buscan debilitar la organización comunitaria y facilitar el despojo territorial, pese a que aseguran habitar esas tierras desde generaciones pasadas.
Kevin Sarmiento, representante comunitario, detalló que además de la reunión con doña Berta Oliva , se interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Etnias del Ministerio Público para evidenciar lo que consideran un proceso de desplazamiento forzado contra las comunidades.
Según explicó, las denuncias apuntan también a posibles irregularidades en la actuación de autoridades locales y a la necesidad de investigar el origen de títulos utilizados para reclamar territorios comunitarios.
“Hoy las comunidades han despertado y están respondiendo de manera colectiva. Antes los ataques eran individuales, ahora la defensa es grupal y organizada”, afirmó Sarmiento.
Los representantes comunitarios reiteraron que su lucha continuará por la vía legal y pacífica, exigiendo garantías para vivir sin amenazas, intimidaciones ni criminalización por defender sus territorios y recursos naturales.
