El día que el golpista Romeo Vásquez fue autorizado a refugiarse en su casa después de la audiencia de imputado por el crimen de Isy Obed Murillo, el juez sabía que el tesón se escaparía como topo a su burbuja de inteligencia artificial. Y, para hacer más ridículas las cosas, ese mismo juez le confió legalmente la seguridad del chafa a sus abogados. Y ninguno de esos encorbatados fue arrestado hasta ahora por el delito de descuidar al reo.
El otro gorileti de El Progreso, Yoro, al saber desde el ministerio público que el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras pidió ampliar el expediente de Romeo al impostor que tomó el lugar del presidente Zelaya en junio 2009, se dio la guinda y se puso fuera del alcance temporal de la Ley.
Eduardo Atala, señalado por responsabilidad intelectual en el crimen de Berta Cáceres, huye de la orden de captura vigente a la espera de no sabemos qué movimiento político, fiscal o judicial, que le cambie o le anule esa orden de arresto en uno de los crímenes más atroces del sector privado que ha sido mencionado en el juicio a los empresarios por el Tasón de Seguridad en Miami.
En Tocoa, Colón, al saber que la familia, amigos y compañeros de Juan Antonio López apuntaban – entre otros — a los ejecutivos de la empresa Pinares, destructores de la montaña “Carlos Escaleras”, se dieron la tuza los imputados. Los que podían pagar boletos de avión o subirse a su propio avión dejaron a los demás imputados expuestos a los requerimientos fiscales.
Este domingo 14 de septiembre se cumple un año del crimen de Juan López, ambientalista, líder social comunitario, perfil político de Libre y defensor de los bienes comunes en la región del Bajo Aguán.
La luz de Juan fue impactada con balas saliendo de la iglesia San Antonio de Padua, en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa, donde se congregaba para vivir en comunidad su espiritualidad liberadora.
En el caso de Juan, y en todos estos casos enumerados antes, el común denominador es la dificultad de la justicia frente a criminales con poder político y económico, que se valen además de su poder de fuego o de sus influencias en los partidos para calcular la fórmula de su impunidad.
En el caso de Juan hay acciones claras y avanzadas contra los tres imputados como autores materiales, pero hay dificultades para llegar a los intelectuales. El propio partido político al que pertenecía Juan ha publicado en las últimas horas que la prueba madre para llegar a quienes ordenaron y pagaron su crimen está en manos de un organismo internacional. ¿Qué organismo internacional? No sabemos.
Los discos duros, las tarjetas SIM de los teléfonos celulares y las evidencias en la nube, salieron fuera del país, no están en manos del ministerio público porque Honduras no tiene esa posibilidad de sacar los demonios de las criptas donde se refugian complacidos.
De nuestro lado, sin prejuzgar las responsabilidades penales por el peso del dolor ni atribuir responsabilidades políticas por prejuicios ideológicos, mantenemos nuestra exigencia al poder judicial, al ministerio público y al gobierno central, de esclarecimiento de este caso.
Reconocemos los esfuerzos institucionales por avanzar las investigaciones y las exigencias de justicia venidas desde el propio poder político, pero un año que pasa, pesa. Un año es bastante tiempo. Lenir Pérez y su casta, por ejemplo, deben responder el requerimiento fiscal emitido por destruir la montaña que Juan cuidaba con su vida. Y Edy Atala no debe continuar burlándose de la familia Cáceres Zúniga ni de Honduras.
Valoramos que, en las últimas horas, el pleno de la Corte Suprema de Justicia haya resuelto declinar siete recursos de inconstitucionalidad presentados en contra del decreto legislativo 04-2022, que contiene la amnistía política.
La declinación la interpretamos como un rechazo a las intenciones de los golpistas por evitar los juicios en su contra y no pasar por el fuego caliente que hoy Jahir Bolsonaro y la cúpula militar brasileña de 2022 está pasando frente al poder judicial de ese país, que los ha condenado.
Los golpistas hondureños, políticos, empresarios, religiosos, militares y civilones, autores de ese crimen de lesa Patria en 2009, intentaron desde el comienzo de 2022 tumbar la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, porque contiene la legalidad del Acuerdo de Cartagena y la amnistía a las víctimas de los fraudes electorales de 2013 y 2017.
El equilibrio entre Pueblo y Élite llegará en el momento que se acumule más fuerza, más decisión y más libertad, porque ningún crimen como el de 2009 permanecerá impune y ninguna casta desnacionalizada podrá ejercer el poder abusivamente al infinitum sin pagar las consecuencias.
La casta que usó el Estado entre 2009 y 2022 para lavar dinero ensangrentado de los narcos, de los corruptos y de los traficantes de personas, que envileció a Honduras y empobreció a la gente forzándola a emigrar masivamente, no podrá presentarse disfrazada en ningún proyecto político sin pagar el precio de la otra sociedad que les confronta.
En los días que siguen, además del aniversario del crimen impune de Juan se aproxima el 15 de septiembre y enseguida el 30 de noviembre, que son fechas para sumar las fuerzas de una sociedad que declina la conducción de líderes religiosos y banqueros que hicieron tratos con el cártel de Sinaloa y las cúpulas podridas del bipartidismo, cuyos máximos exponentes están presos en Estados Unidos por delincuentes mayores.
Contra el apocalipsis que anuncian con fervientes deseos las voces de Santos y pastoras sólo queda armarse de pueblo y hacer las romerías de defensa en círculos alrededor de los culpables. Que la justicia venga no por divina gracia, y que las voces de Berta, Juan y nuestros ancestros de 1982 nos acompañen. Buenas noches.
