Tegucigalpa.- En las montañas del norte de Olancho se encuentran las comunidades de Vallecito, Las Piedras, Los Lirios, Pacura, Toro Muerto y El Naranjal, pertenecientes a los municipios de Gualaco y San Esteban, donde sus habitantes desde hace más de dos décadas luchan por la defensa de sus territorios y recursos naturales.
Las comunidades acusan al empresario maderero Carlos Zelaya Nájera, representante de la empresa Industrias y Comercialización de Madera Sociedad Anónima (INCOMSA), quien, según los pobladores afectados, utiliza títulos de tierra de dudosa legalidad, planes de manejo forestal y el aparato estatal para apropiarse de territorios ancestrales.
De acuerdo a Kevin Reginaldo Sarmiento Munguía, originario de la comunidad de San Antonio de Pacura, el conflicto no es reciente, sino un problema que las comunidades han enfrentado por años, aunque hasta ahora han decidido alzar la voz públicamente y buscar acompañamiento de organizaciones de derechos humanos como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Explicó a defensoresenlinea.com que las comunidades han vivido y trabajado estas tierras desde tiempos ancestrales.
“Aquí las familias han tenido sus trabajaderos y sus medios de vida desde generaciones pasadas, pero el Estado nunca resolvió de manera adecuada la tenencia de la tierra y eso fue aprovechado por empresarios”, manifestó.
Títulos cuestionados y planes de manejo
Según el relato de Sarmiento, el empresario obtuvo derechos de tierra sobre territorios habitados históricamente por comunidades indígenas y campesinas, y que, posteriormente, con esos documentos, gestionó ante el Instituto de Conservación Forestal (ICF) planes de manejo forestal para explotar madera en una amplia zona que comprende varias comunidades de Gualaco y San Esteban.
Los pobladores cuestionan la legalidad de dichos permisos y afirman que el empresario no posee delimitaciones claras de las tierras, cercos, marcas o evidencia física de ocupación, pese a lo cual el Estado autorizó planes de manejo que incluso abarcan viviendas y parcelas de habitantes originarios.
“Le están entregando territorios comunitarios a una empresa privada mientras ignoran a quienes han vivido ahí toda la vida”, sostuvo Sarmiento Munguía.
Para las comunidades, el problema va más allá de la explotación forestal.
Consideran que existe una cadena de complicidades institucionales que inicia con la inscripción de títulos de tierra cuestionados y continúa con la aprobación de permisos ambientales y forestales.
Denuncia contra cuatro defensores
El conflicto se intensificó recientemente cuando habitantes de varias comunidades se opusieron al traslado de madera extraída de la zona. Los patronatos solicitaron al empresario abrir un diálogo para resolver el problema de la tenencia territorial antes de continuar con la explotación del bosque.
Sin embargo, la empresa intentó sacar la madera utilizando caminos construidos y mantenidos por las propias comunidades, acompañada por agentes policiales.
Los pobladores organizaron una protesta pacífica para impedir el paso de camiones cargados de madera.
Los defensores que han sido acusados por el empresario sostienen que nunca hubo amenazas ni agresiones, y que incluso la comunidad ayudó a la policía cuando una patrulla sufrió desperfectos mecánicos en el camino.
Pese a ello, el empresario presentó una denuncia ante el Ministerio Público alegando amenazas y coacciones.
Los acusados son Pedro Meza, presidente del patronato de Vallecito; Blas Sandres, miembro comunitario; Raúl Munguía y Bairon Sarmiento, originarios de Pacura.
De acuerdo con las comunidades, las acusaciones forman parte de una estrategia de intimidación para frenar la defensa territorial, donde el empresario busca meter miedo y sacar del proceso a quienes están organizando la defensa del territorio.
El Estado se vuelve cómplice
Las comunidades denuncian que las instituciones estatales han favorecido al empresario durante años, donde la Fiscalía, juzgados de paz y cuerpos policiales han sido utilizados para presionar a quienes se oponen a la explotación forestal.
“El Estado no investiga la legalidad de los títulos ni cómo se otorgaron los planes de manejo. Más bien respalda al empresario y usa la fuerza pública para intimidar”, sostiene Kevin Sarmiento.
Asimismo, considera contradictorio que la denuncia por amenazas y coacciones haya sido presentada a nombre de una empresa, cuando estos delitos están concebidos legalmente para proteger a personas naturales y no jurídicas.
Seis comunidades afectadas
El conflicto territorial afecta directamente a seis comunidades, como son Vallecito, Las Piedras, Los Lirios, Pacura, Toro Muerto y El Naranjal, perjudicando entre 500 y 1,000 personas.
De acuerdo a las denuncias de las comunidades, el empresario Carlos Zelaya Nájera ha mantenido durante años una estrategia de denuncias individuales y persecución selectiva contra pobladores para evitar que las comunidades se unan.
“Cada año afecta a distintas personas dependiendo del área donde quiere cortar madera. Así el problema parece aislado, pero el daño acumulado durante más de 20 años ha sido enorme”, señala Sarmiento Munguía.
Las comunidades también sostienen que los territorios en disputa forman parte de un corredor indígena nahua con presencia ancestral previa a la colonia española.
Según los habitantes de estas comunidades, existen vestigios arqueológicos y registros históricos que evidencian la ocupación indígena de la zona.
Para los pobladores, el Estado hondureño ha incumplido obligaciones nacionales e internacionales al no reconocer ni demarcar estos territorios indígenas.
“Estas comunidades existían antes que cualquier título que ahora presenta el empresario. Son territorios indígenas y las instituciones deberían protegerlos, no facilitar su despojo”, afirmó Kevin Sarmiento.
Las comunidades exigen que se absuelva a los cuatro defensores de las acusaciones de que son víctimas y que las autoridades investiguen tanto las denuncias presentadas contra los defensores como la legalidad de los títulos y permisos forestales otorgados.
