Tegucigalpa.- La más reciente escalada se produce con el proceso impulsado desde el Congreso Nacional contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quien ha denunciado que no se trata de un juicio político legítimo, sino de una represalia directa por haber expuesto irregularidades en el proceso electoral de 2025.
En un pronunciamiento público, Ochoa fue enfático al señalar que la citación en su contra constituye “una ofensa brutal contra la democracia hondureña” y que quienes hoy lo acusan ya han definido una condena anticipada.
El consejero sostiene que su actuación se limitó a cumplir con su deber al denunciar hechos que, según afirma, comprometen la transparencia electoral, entre ellos la manipulación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la alteración de dispositivos biométricos y la entrega de al menos 26 audios al Ministerio Público que evidenciarían una trama de fraude.
“Prefiero enfrentar la persecución de los corruptos que vivir con la vergüenza de haber guardado silencio”, expresó, dejando claro que no reconoce legitimidad en el proceso que se impulsa en su contra.
Este caso no se presenta de manera aislada. En los últimos meses, distintas decisiones han impactado a figuras clave del sistema de justicia y del Estado, configurando lo que se ve como un patrón de control institucional.
La destitución de altos funcionarios, junto con el avance de juicios políticos contra actores incómodos al poder, ha sido interpretada como una estrategia para debilitar contrapesos y consolidar dominio sobre las instituciones.
En esa misma línea, el exfiscal general, Johel Zelaya, ha advertido que el país atraviesa un momento crítico, en el que la ruta que está tomando Honduras podría derivar en un deterioro profundo del Estado de derecho. Sus declaraciones coinciden con las denuncias de distintos sectores que alertan sobre una posible regresión autoritaria, en la que los mecanismos institucionales son utilizados para legitimar decisiones de carácter político.
Ochoa ha señalado, además, que es testigo directo del fraude electoral denunciado y que su posición lo ha convertido en objetivo de una estructura que busca garantizar impunidad y control del poder.
En sus declaraciones, apunta a la existencia de alianzas entre sectores tradicionales del bipartidismo que, según afirma, actúan para “asaltar el poder” y despejar el camino político, incluso mediante la destitución o persecución de quienes representan un obstáculo.
En medio de esta crisis, el consejero anunció que no comparecerá ante el Congreso Nacional, argumentando que no existen garantías mínimas de imparcialidad.
“No compareceré ante un tribunal que ya tiene escrita su sentencia”, afirmó, calificando el proceso como un “teatro” que busca legitimar una decisión previamente tomada.
La situación ha generado preocupación en sectores sociales y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de repetir prácticas del pasado marcadas por la persecución política, la criminalización de voces críticas y el debilitamiento sistemático de las instituciones democráticas.
En este contexto, Honduras se encuentra ante un escenario de alta polarización, donde las denuncias de fraude electoral, los juicios políticos y las destituciones no solo afectan a funcionarios como Marlon Ochoa, Johel Zelaya o Rebeca Ráquel, sino que ponen en entredicho el equilibrio democrático del país.
Diversas voces coinciden en que lo que está en juego trasciende nombres y cargos: se trata del rumbo mismo de la democracia hondureña en un momento en que crecen las alertas por la concentración del poder y el cierre de espacios para la disidencia.
