Tegucigalpa.- Una persona resultó gravemente herida en uno de sus ojos tras recibir el impacto de una bala de goma durante la represión policial contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quienes se manifestaban en las cercanías del Congreso Nacional en defensa del 6% del presupuesto constitucional para la educación superior.
La protesta, de carácter pacífico, fue disuelta mediante el uso de tanquetas de agua a presión y gas lacrimógeno por parte de fuerzas de seguridad, evidenciando un uso desproporcionado de la fuerza contra la comunidad estudiantil.
Este nuevo hecho ocurre en el contexto de un recorte superior a los 1,400 millones de lempiras al presupuesto universitario, medida que ha sido denunciada por las autoridades académicas y estudiantes como un golpe directo a la educación pública.
De acuerdo con denuncias del movimiento estudiantil, la reducción presupuestaria que incluso coloca la asignación estatal por debajo del 4%, lejos del 6% establecido constitucionalmente pone en riesgo programas académicos, investigación científica y el acceso de miles de jóvenes a la educación superior.
Patrón histórico de represión
Estos hechos no son aislados, sino que forman parte de un patrón histórico de criminalización y represión contra el movimiento estudiantil en Honduras. Registros documentados este medio evidencian que desde años anteriores se han utilizado tanquetas policiales, desalojos violentos, judicialización y persecución contra estudiantes que ejercen su derecho a la protesta.
Asimismo, informes sobre crisis universitarias anteriores señalan detenciones arbitrarias, amenazas, uso de gases lacrimógenos y procesos judiciales contra estudiantes, configurando un escenario donde protestar implica riesgos a la integridad personal e incluso a la vida.
Estos antecedentes reflejan la persistencia de prácticas represivas que vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión, la protesta pacífica y el derecho a la educación.
Grave retroceso en derechos humanos
Diversos sectores han denunciado que la respuesta estatal frente a las demandas estudiantiles representa un retroceso en materia de derechos humanos, al recurrir nuevamente a métodos que históricamente han sido cuestionados por organismos nacionales e internacionales.
El uso de fuerza excesiva, que ha dejado al menos una persona herida, evidencia la falta de garantías para el ejercicio de derechos constitucionales y profundiza la preocupación por la seguridad de quienes participan en manifestaciones sociales.
La situación continúa en desarrollo, mientras crece la preocupación por nuevas acciones represivas y posibles más personas afectadas.
