Tegucigalpa.- La Asociación Americana de Juristas realizó el sábado 16 de mayo, el foro virtual titulado “El lawfare y el desmontaje del Estado de derecho en Honduras”, un espacio de reflexión y denuncia sobre la situación política, institucional y de derechos humanos que atraviesa el país.
Entre los ponentes en dicho foro participaron Berta Oliva, Marlon Ochoa, Mario Morazán y Carmen Haydeé López.
Durante su intervención, Berta Oliva, coordinadora General del Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH), destacó la importancia de estos espacios para compartir las preocupaciones del pueblo hondureño y comprender las consecuencias que dejó el golpe de Estado de 2009, sin olvidar que Honduras arrastra un pasado marcado por graves violaciones a los derechos humanos.
Oliva subrayó que para el COFADEH la lucha debe ser colectiva, social y política, guiada siempre por el principio universal de la solidaridad.
“Trabajar por la memoria no es un tema de frase común; es un tema de dar el cuerpo, de investigar, de estudiar, de penetrar y de no dejarse confundir”, expresó.
También cuestionó narrativas históricas como la llamada “década perdida”, al considerar que ese término ha servido para ocultar los crímenes del pasado e impedir que las nuevas generaciones conozcan la verdad sobre las desapariciones forzadas ocurridas en Honduras.
Asimismo, Marlon Ochoa en su intervención denuncio de injerencia extranjera y fraude electoral al mismo tiempo que afirmó que Honduras vivió uno de los procesos electorales con mayor injerencia extranjera de su historia.
Según explicó, durante la semana de las elecciones el entonces presidente de Estados Unidos emitió mensajes respaldando a un candidato presidencial y advirtió sobre posibles restricciones a las remesas si triunfaba el partido de gobierno.
Ochoa señaló que el anuncio de un eventual indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, generó un sentimiento de impunidad que fortaleció a estructuras del crimen organizado.
El exconsejero del CNE también denunció irregularidades técnicas y administrativas en el proceso electoral, entre ellas la caída del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), modificaciones al código fuente sin conocimiento del pleno y la proclamación de resultados sin concluir el recuento de votos ni resolver impugnaciones.
“Es la primera vez en la historia del país que se realiza una declaratoria presidencial, de diputados y alcaldes sin contabilizar la totalidad de las actas”, afirmó.
Asimismo, indicó que tras las elecciones se desarrolló una campaña de amenazas y odio contra quienes se opusieron al supuesto fraude, y aseguró que el nuevo gobierno asumió el poder con un bajo nivel de legitimidad popular.
Mario Morazán coincidió en que existió una intervención directa del gobierno de Estados Unidos en el proceso electoral hondureño.
El exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral relató que, tras fracasar gestiones diplomáticas en la Organización de los Estados Americanos, se intensificaron las presiones mediante mensajes públicos del entonces presidente estadounidense, amenazas relacionadas con las remesas y una campaña de intimidación difundida por redes sociales y telefonía móvil.
Morazán denunció, además, la cancelación y denegación de visas a funcionarios y exfuncionarios que, según dijo, se negaron a respaldar las pretensiones de imponer un resultado electoral.
Por su parte, Carmen Haydeé López sostuvo que las elecciones en Honduras no fueron una competencia entre partidos, sino una confrontación entre el crimen organizado y el pueblo hondureño.
La abogada afirmó que el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández reactivó estructuras criminales que generaron miedo en la población y condicionaron el comportamiento electoral.
López advirtió que la captura institucional del Estado no solo busca proteger los privilegios de una élite económica, sino también consolidar la violencia, la militarización y la impunidad.
Entre los riesgos identificados mencionó la reforma del sistema judicial mediante un nuevo Consejo de la Judicatura, modificaciones electorales destinadas a excluir fuerzas políticas populares, retrocesos en derechos laborales, afectaciones a los derechos de las mujeres y el retorno de mecanismos financieros sin suficientes controles de transparencia.
Las y los participantes coincidieron en que Honduras enfrenta un proceso de debilitamiento institucional y de concentración del poder que amenaza los avances democráticos y los derechos fundamentales.
El foro concluyó con un llamado a fortalecer la memoria histórica, la solidaridad entre los pueblos y la organización colectiva para defender el Estado de derecho, la justicia y la dignidad del pueblo hondureño.
