Tegucigalpa.- El 8 de julio de 2025, alrededor de las 3:00 de la madrugada, un grupo de aproximadamente cuarenta agentes de la Policía Militar llegó a la vivienda de la familia Fuentes Escoto, en Guayape, Olancho, donde ingresaron de manera violenta tras derribar la puerta, encontrando a varios trabajadores que dormían en el lugar.
Según la denuncia, los agentes esposaron a las víctimas sin mediar palabra, las golpearon con cables, les cubrieron la cabeza con bolsas plásticas y realizaron disparos cerca de sus oídos, mientras exigían armas y drogas que supuestamente ocultaban.
Entre las víctimas se encontraba William Alfredo Mendoza, quien padece epilepsia y denunció haber sido sometido a tratos crueles y degradantes.
De acuerdo con el relato, los agentes le cortaron el cabello con un machete, lo amenazaron con dejarlo “pelón”, hicieron comentarios de connotación sexual y amenazaron con introducirle un palo por el ano, mientras le caminaban sobre la espalda con botas militares.
El allanamiento ilegal atribuido a agentes de la Policía Militar ocurrió en el contexto de la suspensión de garantías constitucionales vigente desde el 6 de diciembre de 2022 mediante el decreto ejecutivo PCM 22-2025, ampliado en más de veinte ocasiones.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) interpuso la denuncia ante el Ministerio Público y ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, solicitando que el Estado hondureño informe sobre los avances de las investigaciones y garantice una investigación pronta, exhaustiva e independiente que permita sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
Asimismo, el COFADEH solicitó al fiscal José Mejía, de la Fuerza de Seguridad Nacional Interinstitucional del Ministerio Público, un informe sobre las diligencias realizadas y el estado actual de la denuncia presentada el 30 de julio de 2025 ante la Fiscalía de Derechos Humanos.
La denuncia fue interpuesta contra agentes de la Policía Militar por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento y tratos crueles e inhumanos en perjuicio de Raúl Fuentes, Abilio Cerrato, William Mendoza, el menor Júnior Mendoza, Yoni Mendoza, Ilse Ramírez y Nolvia Escoto.
El COFADEH recordó que tanto las víctimas como sus representantes tienen derecho a conocer el estado actual de las investigaciones y a acceder a justicia.
