Tegucigalpa.- En cuanto a las reformas que se pretenden realizar al Código Penal y al Código Procesal Penal, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que sea favorable o no la opinión de la Corte Suprema de Justicia, las mismas serán aprobadas.
De acuerdo a lo explicado por el parlamentario, el objetivo es proporcionar más herramientas a los operadores de justicia para combatir las estructuras criminales vinculadas con extorsiones, secuestros, violaciones y otros delitos que han sembrado violencia durante las últimas dos décadas en Honduras.
Con la posición del presidente del legislativo, al señalar que “la opinión de la Corte es ilustrativa, no vinculante, pero es parte de reunir los procedimientos legales. Si su opinión es a favor o en contra, vamos a aprobar esta reforma”, habría pérdida de la institucionalidad del estado porque un poder de estado quiere pasar sobre otro poder.
Las reformas del Código Penal y al Código Procesal Penal que propone el presidente del poder legislativo están relacionadas con ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar un requerimiento fiscal después de una captura para dar más tiempo a las autoridades para desarrollar las diligencias investigativas.
Durante el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa, se aprobó el 24 de junio de 2011 y publicado en La Gaceta el 8 de agosto de 2011 una reforma del artículo 71 de la Constitución de la República de Honduras, mediante la cual se amplió de 24 a 48 horas el plazo de detención judicial.
En aquel entonces, el Ministerio de Derechos Humanos advirtió que cualquier intento de reforma que excediera los límites establecidos supondría una clara vulneración de los principios de progresividad e inviolabilidad de los derechos humanos. Estos principios obligan a los Estados parte a no reducir el nivel de protección alcanzado en materia de derechos fundamentales.
Otra disposición que se busca cambiar es que las personas condenadas cumplan el 100 % de sus penas, sin acceder a libertad condicional ni a mecanismos de preliberación.
La iniciativa también contempla permitir allanamientos sin orden judicial previa en inmuebles donde existan indicios de operaciones delictivas o de la presencia de integrantes de maras y pandillas declaradas terroristas. Sin embargo, la inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional protegido por el artículo 99 de la Constitución de la República de Honduras. Por tanto, una medida de esta naturaleza podría requerir una reforma constitucional, dependiendo de su alcance y de las excepciones legalmente aplicables.
Otro de los aspectos que propone la iniciativa que el uso de tatuaje sean vinculantes a grupos delictivos, los cuales serán pruebas de presunta pertenencia a estos grupos, siempre que se realicen peritajes que confirmen su vinculación.
En sus redes sociales, el Doctor en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional, con amplia formación académica en derechos humanos y derecho internacional, Joaquín Mejía Rivera, ha señalado que existe el peligro que, con una noción tan vaga y amplia de terrorismo, se acuse de “terroristas” a quienes defienden los territorios, los bienes comunes y tienen una postura crítica frente al uso arbitrario del poder.
Dijo que el caso de las personas defensoras del río San Pedro y Guapinol es un ejemplo claro de este peligro, pues fueron juzgadas por criminalidad organizada y encarceladas en una cárcel de máxima seguridad, a pesar de que su único “delito” fue defender los bienes comunes.
Por otro lado, el jurista internacional se ha preguntado ¿Quién asegura que los allanamientos no se utilizarán en contra de la disidencia?
El jurista indicó que la ciudadanía no confía y reflejó los datos del Sondeo de Opinión Pública que publicó recientemente el ERIC-SJ, donde el 86% de la gente cree que jueces y magistrados protegen los intereses de los ricos, poderosos, corruptos y narcotraficantes.
En su publicación, el abogado Mejía cuestionó también que el cogobierno hondureño criticó durante años que con el gobierno anterior íbamos camino a convertirnos en Nicaragua, y que hoy, con las reformas penales, Honduras se parece un poco más al gobierno de Daniel Ortega.
Muchos sectores de la sociedad civil cuestionaron la propuesta de reformar el Código Procesal Penal para permitir el uso de tatuajes como elemento para vincular a una persona con grupos delictivos, una iniciativa que trascendió tras ser revelada por el presidente del Congreso Nacional.
Durante el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) se implementó una política de cero tolerancia contra la delincuencia. En ese contexto, el uso de tatuajes fue objeto de una intensa estigmatización y criminalización por parte de las autoridades. Esto dio lugar a constantes operativos policiales y militares en barrios vulnerables, en los que las personas tatuadas podían ser detenidas de manera preventiva o sufrir hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. Asimismo, este contexto estuvo marcado por denuncias de desapariciones forzadas de jóvenes.
Además, el Congreso de Tomás Zambrano aspira a construir una cárcel parecida al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, por lo que en los próximos días el presidente del legislativo estaría viajando al hermano país centroamericano.
Hay similitudes con Costa Rica, ya que en este país se inaugurará, en los próximos días, un centro de confinamiento. Esto podría interpretarse como parte de una tendencia a homologar este tipo de instalaciones en Centroamérica, en el marco de los compromisos vinculados al Escudo de las Américas.
El objetivo de Zambrano en su visita, donde sostendrá una reunión con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, es abordaron las medidas de seguridad implementadas en el país vecino, así como las reformas legales y el respaldo legislativo a las acciones contra las pandillas y la delincuencia.
