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Abogada Silvia Ayala denuncia instrumentalización de la justicia y persecución contra sectores populares en Honduras

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Tegucigalpa.- La abogada Silvia Ayala, exdiputada al Congreso Nacional por el partido Libertad y Refundación (Libre), denunció la instrumentalización del sistema de justicia penal para favorecer a personas señaladas por corrupción y perseguir a sectores populares, defensores del territorio y comunidades históricamente vulnerabilizadas.

Durante su participación en el programa radial Voces contra El Olvido, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Ayala cuestionó las recientes resoluciones judiciales que, a su criterio, evidencian un uso selectivo de la justicia, al otorgar beneficios a personas vinculadas con casos de corrupción que habrían ocasionado graves perjuicios económicos al Estado hondureño.

La abogada también señaló el contraste entre la rapidez con que se resuelven determinados procesos favorables a personas señaladas por actos de corrupción y el tratamiento mediático y judicial de otros casos.

Como ejemplo, destacó una resolución favorable a los equipos de defensa de la última Comisión Permanente del Congreso Nacional, que impidió mantener diligencias prejudiciales paralelas a una causa que ya había sido judicializada. Sin embargo, lamentó que esta decisión no recibiera la misma cobertura mediática que otras resoluciones judiciales.

Ayala advirtió, además, sobre el impacto de reformas legislativas y disposiciones penales que, bajo el argumento de combatir la criminalidad, pueden convertirse en herramientas para criminalizar a luchadores sociales, defensores del territorio y comunidades campesinas. Particularmente, cuestionó las disposiciones relacionadas con el delito de usurpación y los desalojos preventivos.

En ese contexto, expresó su preocupación por las denuncias de persecución y criminalización contra integrantes del pueblo garífuna, así como por los operativos policiales que, según indicó, afectan principalmente a personas de bajos recursos económicos, mientras otros sectores vinculados con estructuras de criminalidad organizada parecen mantenerse al margen de estas acciones.

La exparlamentaria también cuestionó las reformas al Código Penal relacionadas con las estructuras criminales, al considerar que existe una aplicación selectiva de las políticas de seguridad y que no se puede ignorar la utilización y los vínculos que, según antecedentes debatidos en procesos judiciales, han existido entre estructuras criminales y sectores del poder político.

Otro de los temas que calificó como delicado fue la suscripción de un convenio entre el actual Gobierno y Próspera, pese a los antecedentes de derogación de su marco legal y las resoluciones de inconstitucionalidad relacionadas con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Ayala advirtió que este acuerdo podría generar responsabilidades legales y consideró que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Defensa de la Constitución, debería investigar de oficio a quienes lo suscribieron.

Finalmente, la abogada sostuvo que los acontecimientos reflejan una preocupante relación entre las decisiones políticas, legislativas y judiciales, en la que la justicia corre el riesgo de convertirse en un instrumento de poder, antes que en una garantía de igualdad, legalidad y protección de los derechos de la población hondureña.

Su participación en Voces contra El Olvido puso sobre la mesa la necesidad de examinar críticamente las actuaciones de los poderes del Estado, la independencia judicial y las consecuencias de las políticas de seguridad y las decisiones gubernamentales sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales.

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