Tegucigalpa.- La exsecretaria de Derechos Humanos asegura que el retiro de las medidas de protección se realizó mediante un proceso que considera arbitrario y viciado. Sostiene que la protección debía mantenerse, como mínimo, durante dos años más.
La exsecretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, denunció la suspensión de sus medidas de protección y advirtió que esta decisión se produce en un contexto de ataques sistemáticos contra exfuncionarios y personas defensoras de derechos humanos en Honduras.
Roque, quien fue cesada de su cargo en mayo de 2025, explicó que, conforme a los plazos de protección que corresponden a su condición de exfuncionaria, sus medidas debían mantenerse hasta mayo de 2029. Sin embargo, aseguró que recientemente fueron suspendidas de manera intempestiva, pese a que, según su interpretación de la legislación, todavía estaban vigentes.
“Continúan los ataques a exfuncionarios y defensores de derechos humanos. Yo lo vínculo con dos cosas: uno, que hay un ataque sistemático a todos los exfuncionarios, desde el principio retirándoles la protección y exponiéndolos a riesgos que ya se sabe que tenemos”, manifestó.
La exfuncionaria señaló que esta situación no debe analizarse como un caso aislado, sino como parte de una arremetida más amplia contra quienes defienden los derechos humanos, particularmente en los territorios y comunidades históricamente vulnerables.
“En el caso de las personas que ya se sabe que estamos vinculadas a derechos humanos, pues también no es una situación exclusiva mía, sino que en los mismos defensores. Mire, hay que vincularlo a toda la arremetida a todos los defensores de los territorios, a los garífunas, a la criminalización”, expresó.
Roque recordó que durante su gestión al frente de la Secretaría de Derechos Humanos intervino en situaciones de desalojo que afectaban a comunidades y defensores del territorio. Entre sus acciones, destacó la suspensión de un desalojo en tierras del padre y su movilización hasta Punta Gorda, donde acompañó a defensores de esa comunidad.
“Recuerde que esos desalojos, quien los detuvo fue su servidora desde el primer día que llegó al cargo. Una de mis acciones más visibles y la primera fue detener el desalojo en tierras del padre y, precisamente, los defensores de Punta Gorda. Yo me movilicé hasta Punta Gorda”, afirmó.
En ese sentido, consideró que la suspensión de sus medidas de protección debe examinarse dentro de un contexto de ataques que, a su juicio, abarcan distintos niveles y sectores de la defensa de los derechos humanos.
La exsecretaria también relacionó lo ocurrido con su participación reciente en un evento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), donde intervino junto a víctimas y una relatora para denunciar acciones del actual Gobierno.
“Mi última participación pública fue reciente, en el evento del COFADEH, precisamente con las víctimas y con la relatora, donde denuncié las acciones de este Gobierno, que podría interpretarse como un acto de represalia”, señaló.
Roque indicó que, pese a que se le había recomendado mantener un perfil bajo, continuó realizando denuncias, especialmente en espacios públicos de defensa de los derechos humanos. Aseguró que, posteriormente, le fueron suspendidas unas medidas que, de acuerdo con la ley, debían permanecer vigentes por dos años más.
Denuncia irregularidades en el procedimiento
Al ser consultada sobre cómo se le comunicó la suspensión de sus medidas de protección, Roque afirmó que el procedimiento estuvo marcado por irregularidades desde la primera notificación para realizar un nuevo análisis de riesgo.
“Ha sido una serie de procesos viciados desde el momento mismo de la primera notificación para hacer un nuevo análisis de riesgo, que se hizo de forma anticipada. Desde allí ya teníamos el temor de que eso lo estuviéramos haciendo con la intención de suspendernos las medidas a las personas que hemos estado en riesgo por el ejercicio del cargo”, sostuvo.
Según relató, las comunicaciones y citatorios fueron enviados por WhatsApp y no se le permitió contar con acompañamiento durante el procedimiento, pese a que considera que tenía derecho a ser asistida y asesorada.
“Hubo comunicaciones por WhatsApp, los citatorios nos los enviaron por WhatsApp. No me han dejado tener acompañamiento de ningún tipo, tampoco, violando mi propio derecho a ser acompañada y asesorada”, denunció.
Asimismo, aseguró que no recibió una notificación sobre los resultados de su análisis de riesgo, información que considera necesaria para conocer los criterios utilizados para determinar su nivel de exposición.
Ante la falta de información, explicó que presentó una nueva solicitud y notificó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al COFADEH, organización que, según indicó, la ha representado y acompañado durante este proceso.
“Es también mi responsabilidad dar seguimiento a mis medidas de protección. Hice una nueva solicitud y notifiqué al Alto Comisionado y al COFADEH también, que me ha representado y me ha acompañado, sobre este escenario de incertidumbre respecto a mis medidas de protección, porque no tenía yo conocimiento de cuál era el resultado del análisis de riesgo”, explicó.
La exfuncionaria relató que, posteriormente, pudo consultar un dictamen en el que se establecía la suspensión de las medidas. Sin embargo, aseguró que no le permitieron fotografiar el documento ni se lo leyeron, por lo que tuvo que revisar su contenido directamente.
“De manera apresurada, de acuerdo con lo que pude leer en un dictamen que me pusieron a la vista, pero que no me permitieron ni sacarle fotografías ni me lo leyeron, para evitar que yo estuviera grabando, cosa que no hice porque entiendo que, si me prohíben que tenga acompañamiento y que tome fotografías, pues tampoco podía grabar”, manifestó.
Roque agregó que, cuando consultó sobre la decisión, le informaron que tendría efecto inmediato. Aseguró que fue trasladada a un lugar sin que previamente se le explicara que sus medidas serían retiradas.
“Ellos se negaron a leerme el dictamen, de manera que yo tuve que irlo leyendo. Y cuando les consulté, me dijeron que era con efecto inmediato. O sea, me hicieron ir a un lugar sin darme ninguna información sobre que se me iban a retirar las medidas”, relató.
Según su versión, después de comunicarle la decisión, únicamente le permitieron trasladarse a su residencia para retirar sus pertenencias del vehículo en el que se transportaba.
“Lo único que me permitieron fue que se me fuera a dejar a mi residencia para que yo pudiera retirar las cosas del vehículo en el que me transportaba, pero sin previo aviso, sin notificación, sin ningún tipo de coordinación que me permita garantizar medidas de seguridad de otra naturaleza, ya sea mediante un organismo o autogestionadas. De manera intempestiva y arbitraria”, afirmó.
Afirma que la protección debía continuar por dos años más
Roque explicó que existe una legislación especial que establece procedimientos y plazos para la protección de funcionarios y exfuncionarios, por lo que considera que su caso debió ser evaluado conforme a esas disposiciones.
“Existe una ley y hay claros procedimientos en los cuales, además, se establecen tiempos. Para una exfuncionaria con el nivel de exposición que tuve, además con hechos documentados que, por la confidencialidad, no puedo dar a conocer, pero que han puesto en riesgo mi seguridad y mi integridad, el mínimo es el mismo tiempo del ejercicio del cargo”, señaló.
De acuerdo con su interpretación, el Estado todavía tendría la responsabilidad de brindarle protección durante dos años y medio, como mínimo, después de haber dejado sus funciones.
“Todavía quedaría el Estado con responsabilidad de dos años y medio para brindarme protección mínimamente”, sostuvo.
La exsecretaria aclaró que nunca formó parte del mecanismo de protección, pese a que durante su gestión trabajó para recuperarlo. Explicó que tomó esa decisión para evitar que su situación personal afectara los recursos destinados a las personas defensoras del territorio.
“Yo no formo parte del mecanismo de protección porque, como yo era funcionaria y yo misma estaba tratando de recuperar el mecanismo de protección, nunca he querido acogerme para no quitarle presupuesto a las personas defensoras del territorio”, manifestó.
Finalmente, Roque reiteró que existe una legislación especial para proteger a funcionarios y exfuncionarios, con categorías y procedimientos definidos, pero cuestionó que, en su caso, las disposiciones se estén aplicando de manera arbitraria.
“Hay unas categorías. Existe una ley de protección a funcionarios y exfuncionarios, una legislación especial que es muy clara, pero están haciendo las cosas de forma arbitraria”, concluyó.
