Riccy Ponce
Tegucigalpa.- La muerte de un hondureño solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos vuelve a poner bajo atención las condiciones de seguridad y vigilancia en los centros penitenciarios del país.
Héctor Vicente Paguada Paguada, de 38 años, fue encontrado sin vida la tarde del martes 10 de noviembre en uno de los baños del Centro Penitenciario Nacional de Támara, Francisco Morazán.
De acuerdo con la información proporcionada por el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Amador Lacayo, el privado de libertad permanecía en el módulo de diagnóstico, área donde fue localizado después de que otros internos alertaran sobre su prolongada ausencia en los servicios sanitarios.
Las primeras versiones de las autoridades penitenciarias apuntan a un posible suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, las circunstancias del fallecimiento deben esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes y los procedimientos forenses. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) asumió las diligencias del caso.
Paguada había sido capturado el 7 de noviembre en Sabá, departamento de Colón, mediante un operativo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, con apoyo de otras autoridades. Su detención respondía a una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, donde era requerido por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres ocurrido en enero de 2024 en Irving, Texas.
Las víctimas fueron identificadas como Juana Medina Rodríguez, de 55 años, y Nayeli Bolaños Medina, de 23, madre e hija, respectivamente. Según los antecedentes del caso, el crimen habría ocurrido frente a un menor de cinco años.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) había ofrecido una recompensa de hasta 50 mil dólares por información que permitiera localizarlo.
Su fallecimiento ocurrió cuando apenas llevaba tres días bajo custodia penitenciaria y antes de que pudiera concretarse el procedimiento de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses.
Más allá de los señalamientos que pesaban sobre Paguada, su fallecimiento ocurrió mientras se encontraba bajo responsabilidad del sistema penitenciario hondureño.
Esta circunstancia hace necesario esclarecer las condiciones en las que permanecía recluido, los mecanismos de vigilancia aplicados y las circunstancias que permitieron que ocurriera el hecho. Tomando en cuenta que se reportaron otros hechos en las mismas circunstancias en Siguatepeque.
Las autoridades deberán determinar mediante una investigación transparente qué sucedió dentro del centro penal y establecer si existieron fallas en las medidas de custodia.
La muerte de una persona privada de libertad bajo custodia estatal no puede quedar únicamente en una hipótesis preliminar: corresponde a las instituciones competentes esclarecer los hechos y garantizar que se conozca la verdad.
