Tegucigalpa.– La abogada y exdiputada al Congreso Nacional, Silvia Ayala, denunció que existe una presunta estrategia de persecución política y judicial en Honduras contra miembros del partido Libertad y Refundación (LIBRE), exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional y otros sectores de oposición.
Durante su participación en la emisión de Voces contra el Olvido, el sábado 24 de octubre, espacio del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Ayala señaló que estas acciones buscarían debilitar a la oposición, limitar la protesta social y proteger los intereses económicos y políticos de grupos de poder.
Como ejemplos, mencionó el caso de Melvin Ceballos, cuyo requerimiento fiscal, según indicó, habría sido tramitado en pocas horas, así como el proceso judicial contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros exdiputados.
Asimismo, sostuvo que durante las investigaciones se les habría negado el acceso oportuno a los expedientes, lo que, a su criterio, habría limitado el ejercicio del derecho a la defensa.
La exdiputada también cuestionó la declaración de secretividad del proceso, al señalar que documentos judiciales y datos personales de los imputados habrían sido difundidos por medios de comunicación.
Ayala criticó, además, al Gobierno y a sectores del Congreso Nacional por impulsar medidas que, según afirmó, beneficiarían a grupos económicos privilegiados y reforzarían mecanismos de control y represión.
En ese contexto, expresó su preocupación ante la posible implementación de un modelo similar al Plan Bukele y cuestionó el uso de figuras penales como el terrorismo, así como las actuaciones de los cuerpos de seguridad frente a manifestaciones de pueblos indígenas, campesinos, transportistas y otros sectores sociales.
La abogada relacionó esta situación con el aumento del temor en la población, las dificultades económicas y una campaña mediática que, según su interpretación, buscaría desmotivar la organización y la protesta ciudadana.
También advirtió que la judicialización de diputados de LIBRE podría derivar en la suspensión de sus cargos y reducir la capacidad de actuación de la bancada opositora en el Congreso Nacional.
Para Ayala, los procesos judiciales señalados no serían hechos aislados, sino parte de una presunta estrategia de presión política que podría restringir el derecho a la defensa, la participación democrática y la protesta social.
Finalmente, destacó la importancia de la organización ciudadana, la defensa de los derechos constitucionales y el análisis del contexto político nacional e internacional.
