Tegucigalpa.– La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su preocupación por las recientes reformas legales en materia penal, aprobadas en el marco de la lucha contra el crimen organizado mediante los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026, particularmente en lo relacionado con el delito de asociación terrorista.
Así lo dio a conocer la Oficina mediante un comunicado público, en el que advierte que el conjunto de medidas aprobadas incorpora restricciones excepcionales a derechos fundamentales que, analizadas de manera integral, se asemejan a facultades propias de un estado de excepción, sin que exista una declaratoria formal de suspensión de garantías.
En ese sentido, la OACNUDH recordó que este tipo de medidas deben tener carácter excepcional y temporal, ser proporcionales y no discriminatorias, además de estar sujetas a controles judiciales y legislativos.
La Oficina también advirtió que las reformas podrían generar impactos particularmente graves en comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, señaló que las disposiciones podrían incrementar el riesgo de criminalizaciones indebidas, especialmente en contextos de protesta social, defensa de los derechos humanos y restricciones al espacio cívico.
Ante este escenario, la OACNUDH recomendó reformar la legislación aprobada, a fin de adecuarla a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Además, instó a las autoridades a adoptar medidas que permitan prevenir y mitigar posibles violaciones a los derechos fundamentales. Entre sus principales recomendaciones destacan:
Implementar el Registro Central de Personas Detenidas: establecer, a la mayor brevedad, un registro accesible y público que contribuya a prevenir detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Garantizar la supervisión de las investigaciones penales: asegurar que el Ministerio Público dirija y supervise efectivamente las investigaciones, así como la adecuada recolección, preservación y valoración de las pruebas.
Fortalecer la Defensa Pública: asignar al servicio de Defensa Pública del Poder Judicial los recursos necesarios y suficientes para garantizar, mediante un servicio de guardia permanente, el derecho a la defensa y el ejercicio del hábeas corpus.
Dotar de recursos a los organismos de derechos humanos: garantizar al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV) los recursos necesarios para cumplir sus funciones de monitoreo y supervisión de la actuación estatal.
Garantizar la clasificación individualizada de las personas privadas de libertad: aplicar criterios técnicos que consideren, entre otros aspectos, su situación jurídica y nivel de peligrosidad.
Reforzar los mecanismos de control y sanción: establecer y fortalecer mecanismos efectivos de supervisión y sanciones para el personal de las fuerzas de seguridad y defensa que incumpla sus funciones.
Finalmente, la OACNUDH reiteró que las respuestas del Estado frente al crimen organizado deben desarrollarse dentro del marco del Estado de derecho y en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La Oficina también manifestó su disposición de continuar brindando asistencia técnica a los poderes del Estado para contribuir al fortalecimiento de una política criminal eficaz y respetuosa de los derechos fundamentales.
