Tegucigalpa.- Con el objetivo de conocer, en representación de las víctimas, los avances investigativos sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes militares contra tres jóvenes en la comunidad de Zarabanda, Santa Lucía, Francisco Morazán, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) solicitó información a la Fuerza de Seguridad Nacional Interinstitucional del Ministerio Público.
A finales de junio de 2022, un grupo de jóvenes fue atacado por elementos militares cuando se trasladaban desde la comunidad de Zarabanda hacia el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán, para realizar un paseo.
Los jóvenes se transportaban en motocicletas y, durante el trayecto, sufrieron un percance, por lo que solicitaron ayuda a un camión militar. Sin embargo, según el testimonio de una de las víctimas, quien es menor de edad, los militares los atacaron sin mediar palabra.
De acuerdo con la denuncia, los militares los agredieron con armas, dispositivos eléctricos y golpes en la cabeza.
Las víctimas fueron identificadas como los menores de edad Alexander Antonio Martínez Rodríguez y Junior David Triminio Rodríguez.
Para conocer los avances investigativos, las diligencias realizadas y el estado actual de la denuncia presentada por COFADEH el 30 de junio de 2022, el Comité solicitó a Evelin Mendoza, de la Fuerza de Seguridad Nacional Interinstitucional del Ministerio Público, un informe detallado sobre las investigaciones efectuadas por esa dependencia.
En el escrito, el COFADEH señala que tanto las víctimas como sus representantes tienen derecho a conocer el estado actual de las investigaciones.
Asimismo, la organización expresó que las fuerzas militares han sido señaladas durante años por cometer innumerables y graves violaciones a los derechos humanos contra la población hondureña, lo que ha incrementado la desconfianza ciudadana hacia ese cuerpo armado.
Según el Comité, resulta preocupante que una institución creada para garantizar la seguridad de la población sea señalada por hechos de violencia y abusos contra la ciudadanía.
