Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos exige investigación seria y objetiva en asesinato de defensores de Guapinol

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Tegucigalpa.- Este día, mediante conferencia de prensa, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, dio a conocer su posicionamiento ante los hechos ocurridos a los defensores de Guapinol, Aly Domínguez y Jairo Bonilla, asesinados en la tarde del día sábado 7 de enero de 2023.

El comité manifestó su consternación, indignación y dolor, al mismo tiempo señaló que están presentes para acompañar y hacer pública su solidaridad con las familias Domínguez y Bonilla, y   toda la comunidad.

En el primer punto del comunicado, el comité señala que “la comunidad de Guapinol en los últimos años ha sido brutalmente golpeada por la criminalización mediática, la judicialización y el encarcelamiento, hasta llegar al asesinato, como lo evidencia el hecho criminal que ha segado la vida de Aly y Jairo, así otros vecinos de la comunidad han tenido este fatal desenlace en años anteriores. El luto y el dolor sacuden a la comunidad. Guapinol ha sufrido también el asedio policial y militar, estando detrás de esos actos la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecoteck, que opera ilegalmente en la zona”.

Entre otros puntos del comunicado, el Comité alerta a las comunidad nacional e internacional, haciendo saber que hay personas defensoras de este colectivo señalados como posibles objetivos de exterminio.

“Las estructuras del crimen organizado siguen vigentes en el territorio, no pierden su naturaleza criminal y es posible que una investigación seria, responsable y objetiva arroje como resultado los vínculos entre estructuras del crimen organizado, empresas extractivas y funcionarios públicos, participando en ese frente criminal contra las personas y movimientos que luchan por la vida”.

“Esta situación de riesgo y amenaza contra la vida y los bienes comunes y públicos, obliga a todos los movimientos sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos, a la unidad. La iniciativa del gobierno en su estrategia de combate a la criminalidad para garantizar la seguridad pública debe ser finamente construida con el actor popular”, finaliza el comunicado.

Cabe señalar que en el año 2022 se registraron un total de 11 defensores asesinados y alrededor de 163 fueron amenazados, convirtiendo a Honduras un país peligroso para la defensa de los derechos humanos, ya que los que la defienden enfrentan grandes riesgos a su vida e integridad física, así como su entorno.

Y en los primeros siete días del año 2023 al menos 3 defensores del ambiente han sido amenazados y se suma el asesinato de los dos defensores de Guapinol, por lo que Honduras exige justicia y que estos crímenes no queden en la impunidad.