La aplastante victoria demócrata del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos no solo reconfiguró el mapa legislativo en Washington, sino que desencadenó un efecto dominó jurídico y geopolítico que sacude hoy al continente y al mundo.
Con 55 escaños contra 44 en el Senado y 259 votos frente a 176 en la Cámara de Representantes —superando con creces los 218 necesarios para la mayoría—, el nuevo equilibrio de poder deja contra las cuerdas a la administración de Donald Trump, ese labioso innecesario cuya política exterior de fuerza le empieza a pasar factura.
En Washington ya se ensayó el primer distractor contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, periodista decadente y bocón de la guerra que perdió en Irán y en todo el Oriente Medio. Aunque ese señor de la guerra se salvó momentáneamente con 211 votos en contra frente a 204 a favor del expediente de juicio político abierto por el congresista republicano Thomas Massie, quedó avisado.
Hegseth está en la mira por sus actuaciones ilegales contra Irán y por el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia y la nueva Cámara usará sin duda sus 259 votos demócratas para abrirle otro proceso que será equivalente a condenar al propio Trump. Ese proceso ha dejado claro ante la historia y el derecho internacional que Nicolás Maduro es un prisionero de guerra, y Estados Unidos ha sentado un precedente de impunidad que, de no enmendarse, amenaza con convertirse en norma contra el derecho internacional.
Ese temblor en el norte aceleró de inmediato nuevas boconadas de Rubio contra Cuba y reales crispaciones globales. En Europa, Irán ha pasado a la ofensiva en su nueva estrategia de guerra asimétrica contra Trump sin importar la geografía. En América del Sur, los tribunales dictan fallos históricos en Paraguay contra los aliados corruptos del Trumpismo y en Brasil, una condena ejemplarizante contra Facebook marca un límite al poder corporativo digital que debe ser imitado en el resto del planeta.
Pero es en Honduras donde la derrota republicana desató una estampida de maniobras judiciales en cronología perfecta, ejecutadas a contrarreloj antes de que cambie el viento en Washington el 3 de enero del próximo año.
Primero, la justicia nacional suspendió la orden de captura contra Juan Ramón Molina, acusado por abuso de autoridad, fraude y lavado de activos vinculados al saqueo de la Tasa de Seguridad Poblacional, que ejecutó junto a Juan Orlando Hernández. Molina colaboró con la justicia federal en Miami para terminar su condena de 30 meses de prisión bajo grilletes electrónicos supervisados, ahora ha pasado a la condición de migrante mojado sujeto a deportación y por eso su defensa coordina eso que llaman entrega ordenada.
Enseguida, en una votación dividida de 9 a 6 en el Pleno de la Corte Suprema, se otorgó un cuestionable recurso de amparo al chafarote Romeo Vásquez que le va permitiendo salir de las cuevas de Próspera donde supuestamente permaneció prófugo durante más de 18 meses con orden de captura activa, que ninguna autoridad nacional fue capaz de ejecutar.
Más tarde, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa cerró el mamarracho jurídico de la señora Cosette López —de ingrata recordación y desteñida presencia en la oficina de colonias llamada OEA en Washington, la misma doñita de los audios pactando con los criminales de Cerimedo que controlaban antenas, telefónicas, bandas criminales y algunos militares y policías—, lo cerró porque abandonó la causa contra el consejero electoral Marlos Ochoa por supuestas calumnias, y así se le cayó el caso. Doñita que debe ser juzgada por conspiración contra la Patria.
Sigamos, más adelante en esta vertiginosa cronología vino el último movimiento combinado más evidente del pánico: anteayer, el jueves 12 de noviembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la última alerta migratoria que pesaba sobre Juan Orlando Hernández desde su proceso de extradición a la USA en 2022.
Temeroso de que los demócratas vengan nuevamente por él ante el cantar de Molina, JOH quedó formalmente habilitado para abandonar el país sin impedimentos, mientras ya se reportan sus primeros desplazamientos furtivos hacia Nicaragua donde supuestamente tiene vacas y terneros que compartiría con Cardona, Ebal, Lisandro y otros furibundos aleros de Daniel Ortega, prófugos de la conciencia colectiva hondureña.
Frente a este desmantelamiento acelerado de los controles judiciales, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH —representante legal de la familia de Isy Obed Murillo—, fija esta noche una posición firme e irrenunciable. El amparo concedido a Romeo Vásquez no representa ningún avance en el sistema judicial, sino un premio abierto a la evasión de la justicia y un precedente peligroso para las víctimas.
Mientras su esposa, Lícida Zelaya, afirma la culpabilidad del chafa justificando su actuación política como un deber de liberación de Honduras del socialismo, ignora de un plumazo que bajo ese discurso se ejecutaron graves violaciones constitucionales, asesinatos como el de Isy Obed Murillo, desapariciones y torturas contra centenares de manifestantes durante el golpismo de 2009 y los años posteriores que el enmontañado comandó las fuerzas militares represivas.
Al tiempo que la impunidad beneficia a los responsables del pasado, se endurece el marco legal para reprimir a la ciudadanía en el presente. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras advirtió esta semana sobre los riesgos de las recientes reformas penales antiterroristas, señalando en su pronunciamiento del 12 de noviembre que estas medidas equivalen a un estado de excepción encubierto y elevan el peligro de criminalizar la protesta social y la defensa de los derechos.
Para el COFADEH, el mensaje de esta noche es contundente: mientras los tribunales abren ventanas y portones a los actores del golpe y la corrupción, el aparato estatal afina leyes excepcionales contra quienes protestan contra la negligencia, la desidia, el empobrecimiento, la miseria de este régimen inútil de Trump y del cohep.
La memoria de Isy Obed Murillo y las víctimas de la represión no prescriben. Y se van a tener que topar con ellas hasta el final de sus días. Y no serán los demócratas que harán la justicia, ni serán ellos que van a levantar la reacción política del pueblo, está jurado que el día que se ajusten las cuentas en esta democracia de barrio, o se van con el indómito a Ometepe o se enfrentan a la vindicta. Saludos a Carlos H, que se ponga bien. Buenas noches!
