Gualaco, Olancho.- En la comunidad de Vallecito, en el departamento de Olancho, la tensión ha ido en aumento en los últimos días tras un nuevo intento de extracción de madera por parte de la empresa Industrias y Comercialización de Madera Sociedad Anónima (INCOMSA), en medio de un conflicto que no solo involucra la explotación forestal, sino también una profunda disputa por la tierra que habitan varias comunidades.
De acuerdo con el abogado Carlos Barahona, quien acompaña legalmente a los pobladores de estas comunidades, actualmente existe un plan operativo vigente que autoriza la extracción de aproximadamente cinco mil metros de madera al empresario Carlos Orlando Zelaya Nájera.
“El plan operativo le autoriza a él sacar, creo que son como cinco mil metros de madera para un aprovechamiento. Entonces, esta persona ingresó a la zona y por la comunidad de Vallecito es por donde él tiene la carretera para poder sacar esa madera”, explicó.
Sin embargo, la comunidad reaccionó colocando portones en la entrada para impedir el paso de los camiones cargados, ya que representa un riesgo para las mismas. Dicha medida generó un primer momento de confrontación cuando los vehículos intentaron salir con la madera extraída.
“Cuando venían de regreso no pudieron pasar porque había ese inconveniente”, relató Barahona, quien agregó que posteriormente el empresario solicitó la intervención policial para remover los obstáculos. Aunque no se alcanzó un acuerdo inmediato, finalmente se permitió la salida de la madera ya cortada, bajo la advertencia de que no se autorizarían nuevas extracciones en la zona.
Más allá de este episodio, el conflicto ha encendido las alertas sobre los riesgos que enfrentan los pobladores.
Según el abogado, las personas que participaron en la acción comunitaria podrían estar en peligro. “Los riesgos básicamente serían el peligro ante la vida o la integridad física de ellos, porque él lógicamente los tiene identificados”, señaló, al tiempo que advirtió sobre posibles represalias legales. “Él siempre les está amenazando de que va a proceder legalmente en contra de ellos… no sabemos si va a presentar alguna denuncia”.
El malestar y riesgo de despojo de la comunidad no es reciente. Según el testimonio de Bayron Reynaldo Sarmiento Munguía, vecino de la comunidad de Pacura y quien acompaña a los habitantes de Vallecito, desde agosto de 2025, la población había manifestado su rechazo a la extracción de madera en la zona de Naranjal. En aquel momento, las actividades se detuvieron, pero recientemente fueron retomadas. “Aún así, sabiendo que la comunidad estaba inconforme, se atrevió a sacar madera… entonces la comunidad hizo una manifestación en la entrada”, relató.
Los pobladores aclaran que en ningún momento se bloqueó completamente el tránsito. La restricción fue dirigida exclusivamente a los camiones que transportaban madera. “No se estaba interrumpiendo el paso para carros livianos… simplemente no queríamos que pasaran los carros cargados de madera”, explicó Sarmiento Munguía. Incluso, según su relato, los vehículos policiales ingresaron y salieron sin inconvenientes.
La situación se prolongó durante varias horas hasta la llegada de agentes policiales, quienes intentaron mediar en el conflicto. “El oficial Vargas intentó hablar con la comunidad para que desalojaran… pero los manifestantes explicaron que estaban inconformes”, señaló.
A pesar de la insistencia de las autoridades para permitir la salida inmediata de la madera, la comunidad logró negociar que esta se realizara hasta el día siguiente, condicionando cualquier futura actividad a la resolución del conflicto de fondo.
Y es precisamente ese conflicto estructural el que mantiene en alerta a las comunidades. Más allá de la tala, los habitantes denuncian que el territorio donde viven estaría inscrito legalmente a nombre del empresario Carlos Orlando Zelaya Nájera, propietario de la empresa INCOMSA.
Según el testimonio recogido, este título abarcaría no solo terrenos forestales, sino también espacios comunitarios esenciales.
“Ese título abarca la comunidad… las casas, la escuela, la iglesia, todo está a nombre de él”, afirmó Sarmiento Munguía. La situación afecta a varias comunidades, entre ellas Vallecito, Los Lirios, Piedras Quebradas de Jutiapa, Naranjal, Pacura y Toro Muerto.
“Si usted construye, compra un solar, todo está en nombre de él… él se ha apropiado de manera ilegal de este territorio”, agregó.
De acuerdo con la información proporcionada, este título habría sido inscrito entre los años 1995 y 1998, pero las comunidades ancestralmente ya existían, aunque muchos habitantes desconocían durante años la magnitud de sus implicaciones legales. En la actualidad, esta situación se ha convertido en el eje central del conflicto, ya que las comunidades exigen seguridad jurídica sobre sus tierras.
A la par de la disputa territorial, los pobladores denuncian impactos ambientales y sociales derivados de la actividad maderera. “La tala provoca contaminación ambiental, daño al bosque, polvo, contaminación visual y afecta la salud”, señalaron, además de advertir sobre el deterioro de las carreteras por el paso constante de vehículos pesados, lo que limita la movilidad de los habitantes.
El temor a la criminalización también está presente. Según los testimonios, el empresario ha recurrido en el pasado a acciones legales contra quienes se oponen a sus actividades. “Él usa los medios legales para llevarlos al Ministerio Público… la gente tiene temor hasta de manifestarse”, explicó Sarmiento Munguía, quien aseguró que esta ha sido una práctica recurrente.
En medio de este escenario, la comunidad mantiene su postura, exige diálogo, pero también soluciones concretas. “Necesitan hablar con él, pero no solo hablar, sino la resolución del problema… necesitan los títulos de sus tierras”, insistió.
Hasta ahora, no se ha confirmado si se interpondrán nuevas acciones legales tras los hechos recientes, pero la incertidumbre persiste.
En Vallecito, la defensa del territorio se entrelaza con la lucha por el reconocimiento legal de la tierra y la protección de los recursos naturales, en un contexto donde las comunidades intentan hacer valer su voz frente a intereses económicos que consideran una amenaza a su forma de vida.
