Tegucigalpa.- La violencia contra campesinos del Bajo Aguán quedó reflejada nuevamente a tempranas horas de la mañana de este jueves, cuando un grupo de ellos se disponía a trabajar en una de las fincas y fue acribillado a balazos por personas que vestían indumentaria policial.
El violento hecho ocurrió en la finca Pasos Aguán, en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón.
De acuerdo con los informes proporcionados desde el lugar, las víctimas son al menos 14 campesinos, entre ellos tres mujeres hermanas identificadas como Mirian, Mirza y María Linda Rodríguez.
El grupo de campesinos se encontraba en las instalaciones de la “Iglesia Tierra Prometida Ministerio Profético Luz de Dios”, a la espera de que les pasaran lista para irse a trabajar, cuando un grupo de hombres armados los atacó con armas de grueso calibre.
Según los reportes, el número de víctimas podría aumentar, ya que cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos, familiares de los fallecidos ya habían levantado los cuerpos y los trasladaron a sus viviendas para prepararlos para el velatorio.
Varios hombres vestidos como policías habrían atacado a las personas reunidas antes de trabajar en la finca, de acuerdo a los relatos de vecinos del sector.
En un comunicado público, el Movimiento Campesino de Rigores informó que nueve de las víctimas de la masacre en la finca Pasos Aguán eran miembros de esa organización y pertenecían a las empresas asociativas campesinas 23 de Mayo, San José y Las Uvas.
El Movimiento Campesino de Rigores surgió hace unos 16 años en la región del Bajo Aguán.
Esta masacre ocurre un día después de que el gobierno nacionalista de Nasry Asfura anunciara la remilitarización del país para brindar seguridad a la ciudadanía ante la creciente ola de violencia. Además, se convierte en una de las matanzas más sangrientas registradas en la zona del Bajo Aguán.
La nueva masacre recuerda la brutalidad ocurrida en la finca El Tumbador, en la comunidad de Guadalupe Carney, también en Trujillo, el 15 de noviembre de 2010, cuando cinco campesinos fueron asesinados por guardias de seguridad junto con elementos policiales y militares, quienes les tendieron una emboscada mientras se disponían a trabajar la tierra.
En aquel feroz ataque murieron los campesinos Teodoro Acosta (39), Raúl Castillo (48), Ignacio Reyes (50), Siriaco de Jesús Muñoz (50) y José Luis Sauceda (25), mientras otros resultaron heridos.
Ante la falta de justicia en Honduras, el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018.
Estos hechos, que permanecen en la memoria del pueblo hondureño, reflejan cómo la violencia contra el campesinado continúa siendo una herida abierta.
