En el vecindario del golfo Pérsico Irán arrasa las bases militares de Estados Unidos en respuesta a los ataques aéreos gringos contra puentes y hospitales, mientras en Nueva York Donald Trump intentó colarse en los fuegos artificiales de la final de fútbol elogiando a Messi e ignorando que el MetLife Stadium está cubierto de humo forestal por los fuegos del cambio climático.
Jugando al malabarismo, el millonario de la guerra avanza a las elecciones legislativas del medio mandato acompañado de la estrategia del sionismo internacional corruptor de elecciones en el mundo con su máquina de fraudes, culpando a China y a Rusia de interferir como pretexto para burlar otra vez al pueblo gringo en noviembre.
Gustavo Petro, que observa con atención estas jugadas del colonialismo gringo israelí en Colombia, viene de afirmar que este continente de Bolívar, Morazán, Fidel, Chávez, del Tata, de Barauda y Satuyé está a las puertas de una era de conflictividad social y política expandida, o a las puertas del vasallaje controlado. La aceptación de la nueva esclavitud.
“Nuestro pueblo no es de esclavos” dice Miriam Miranda con voz fuerte en Tela, hablando de pie frente a organizaciones campesinas, indígenas y negras concentradas para defender el territorio ancestral de San Juan con un campamento permanente sobre el borde del mar Caribe, codiciado por ricos locales, gringos y canadienses de toda laya.
En este enfrentamiento de ideas en el municipio de Tela concurren la historia, la justicia internacional y la nueva era de los piratas del MAGA que aúpan a sus seguidores en todo el mundo a tomar por la fuerza los bienes comunes como propios, sin escrúpulos por la vida de nadie ni por la salud del planeta. Ni por el derecho romano ni por los derechos humanos.
Pero si dejamos lejos los documentos del padre Subirana y el propio Convenio 169 de la OIT, son los recientes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – particularmente el de 2023 – que otorgan a San Juan el carácter de territorio garífuna ancestral y comunitario. Y ahí está la fuerza legal del pueblo negro caribe, porque están por encima de la legislación local.
Con la ley de los industriales en sus manos, ese mamarracho aprobado recientemente para extender el tiempo de las concesiones leoninas y encarcelar como terroristas a los pueblos que se opongan, los millonarios han tenido su segundo experimento criminal este día en San Pedro Sula. La justicia de los invasores fraudulentos contra la justicia del sistema interamericano que otorga la propiedad a los dueños originarios.
En este contexto las palabras de Petro cobran sentido local. Primero impusieron la matanza campesina en Rigores la noche antes de la aprobación de esa ley que esconden bajo el Decreto 107-2026 y ahora imponen la criminalización del pueblo de San Juan por ejercer propiedad y posesión de su propio territorio.
En el primer caso no hubo una reacción masiva después de la condena universal. En este segundo caso, tenemos una reacción organizada con un campamento de rebeldía instalado bajo el nombre de “Tuba Mena”, quien murió defendiendo la ancestralidad negra en el Atlántico.
Una lista de cinco personas detenidas desde el 6 de julio — Deinor Osmany Mejía Arzú, Irbin René López Cortés, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Riboberto Hernández Zelaya y Zara Abigail Acosta – nos deja ver la dimensión injusta, racista y supremacista de esta justicia local.
Después de haber ordenado en esa fecha un violento desalojo de los propietarios de las 10 manzanas de tierra sobre el mar en San Juan – que la familia Rosenthal Hidalgo alega son suyas –, la jueza Norma Fuentes se declaró de oficio incompetente para conocer el caso.
Con la malicia del desarraigo local, con la intención de criminalizar las cosas, la funcionaria mandó el expediente a un juzgado de jurisdicción nacional en San Pedro Sula. Ese juzgado habrá tratado hoy sábado a los garífunas como integrantes de una estructura criminal organizada.
“Eso si que no – dice Miriam – los criminales son ellos, los que invaden nuestros territorios, los que desconocen las leyes nacionales y los convenios internacionales, los que trafican son ellos”.
Una parte de la familia hebrea Rosenthal Hidalgo fue juzgada en Estados Unidos por colaborar directamente en la conspiración de Juan Orlando Hernández para introducir 500 mil toneladas de drogas entre 2004 y 2021, en tanto que otra parte de esta familia fue acusada en 2015 por lavado de activos en el propio sistema financiero del Estado.
El abogado Joaquín Mejía, estudioso del derecho humanitario internacional, escribió en su plataforma de X sobre este caso de San Juan, afirmando que el sistema judicial efectivamente la asume como “una comunidad de criminalidad organizada», mientras que, los condenados por narcotráfico o los señalados por corrupción reciben un trato distinto.
Y ese trato distinto – precisamente – nos pone frente a una justicia selectiva, discriminatoria y racista, que criminaliza como usurpadores a quienes defienden sus territorios y derechos, mientras favorece a personas con poder e influencia.
En condiciones normales, un caso de recuperación de tierras a nivel local sería juzgado como un delito en el ámbito municipal o departamental, pero si te envían el expediente a otra ciudad de otro departamento a un juzgado de cobertura nacional, el mensaje es que la cosa se trata de una estructura de delincuencia organizada. Y así te desarraigan y así te ponen en otra dimensión, en manos de un sistema criminal que opera a través de las instituciones públicas.
Es oportuno recordar que en la conflictividad social desatada en 2019 por la invasión de las empresas criminales de Lenir Pérez sobre la montaña “Carlos Escaleras”, que terminó matando el alma del río Guapinol, pasaron el expediente de Tocoa, Colón a La Ceiba y a otras ciudades, con el propósito de matar moralmente al Comité municipal de defensa de los bienes comunes de la montaña, el río y el valle. Y así terminaron asesinando la vida de Juan López y forzando el exilio de decenas de Guapinoles hacia Estados Unidos.
Mientras, eliminaron las órdenes de captura al jefe de todos los capos nacionales y regionales, le permitieron a Lenir defenderse en libertad – lo que es una manera estúpida de decir impunidad – y se preparan la próxima semana para hacer un chonguengue vulgar de bienvenida al nuevo líder empresarial del cohep y jefe supremo de Asfura con despacho clandestino desde El Celaque.
Veremos si las palabras de Gustavo Petro sobre esta estrategia gringa de descomponer las reglas en el continente terminan produciendo la normalización del vasallaje seguido del pillaje de nuestros bienes naturales, o comienza a tomar vida la rebelión de los pueblos.
De momento, el campamento Tuba Mena continúa. Y debe continuar la articulación histórica – como lo muestran las luchas independentistas de Morazán, las revoluciones de Haití y de Cuba – entre pueblos autóctonos y tribales, es decir, entre los propietarios originales del país y los invasores extranjeros.
Que sean una superpotencia solo ellos se lo creen en el mundo. Que son los ejemplos de la democracia, se ríen. Que luchan contra la criminalidad organizada que le pregunten a joh, el nuevo agente de la DEA en Centroamérica. Y eso que Trump va mañana con Messi para apoyar al cripto presidente Milei no se lo cree ni Ronaldo, el preferido de la Casa Blanca porque habla inglés.
No al supremacismo ni al racismo institucional. Buenas noches
