“Retorno a la narcodictadura”: campesinos denuncian brutal represión en el INA

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Tegucigalpa.- Alrededor de 1,500 campesinos, entre ellos mujeres, niños y adultos mayores, fueron reprimidos en las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA), mientras se manifestaban para exigir la destitución del ministro Javier Talavera, a quien responsabilizan de avalar y apoyar la Ley Agroindustrial, que, según denuncian, favorece a los empresarios, compromete la soberanía nacional y avala el despojo de las tierras de las y los campesinos, además de vulnerar la dignidad de los pueblos.

Esly Banegas, integrante de la Coordinadora de Organizaciones Populares (COPA), denunció a defensoresenlinea.com que las organizaciones llegaron desde diferentes regiones del país con un documento que contenía sus principales demandas, entre ellas, la destitución del ministro del INA por respaldar la normativa que favorece a los industriales.

Banegas cuestionó que el INA haya dejado de cumplir con la función que, según señaló, debe desempeñar como institución encargada de velar por las familias campesinas y garantizar el cumplimiento de la reforma agraria.

“Llegamos organizaciones de Atlántida, Colón, de La Ceiba, de El Progreso, la zona de Yoro, La Lima, y estas organizaciones campesinas y populares, como en el caso de COPA, estamos en defensa de los derechos que históricamente han correspondido a las familias campesinas”.

La integrante de COPA denunció que la movilización, coordinada por mujeres, fue desalojada de manera violenta pese a la presencia de niños, mujeres de la tercera edad y otras personas que participaban en la protesta.

“Una movilización coordinada por las mujeres y que fue desalojada de manera brutal y bárbara, aun cuando había mujeres de tercera edad, niños y una cantidad de personas que estaba alrededor de entre 1,300 a 1,500. Las organizaciones fuimos desalojadas frente al Instituto Nacional Agrario”.

Banegas señaló que la situación se suma a lo que calificó como una narrativa institucional favorable a los agroindustriales y cuestionó que ahora también se estén produciendo acciones de represión y violencia contra las familias campesinas.

“Fuimos reprimidos, sin importar quienes nos encontrábamos allí, y lo catalogamos como un total irrespeto a la vida, a la dignidad humana y como un retorno a la brutalidad de la narcodictadura y la violación permanente al derecho humano a la dignidad de los hondureños y de las hondureñas.

“En este caso, porque nosotras tenemos derecho a manifestarnos, porque la Constitución nos lo permite, y es así que hay un irrespeto a ese derecho y una violación”, señaló.

La representante de COPA también condenó las acciones del Gobierno y cuestionó su respaldo a los grandes empresarios y agroindustriales.

“Condenamos los hechos de este gobierno de la racha. Aquí lo único que sabe es defender a los grandes empresarios, a los agroindustriales, quienes ni siquiera son hondureños y quienes, ante el derecho legítimo de las propietarias y propietarios de las tierras y los territorios de los pueblos garífunas y pueblos originarios, son quienes tienen, pues, el legítimo derecho para defenderlo”.

Asimismo, hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos para que se denuncien los hechos ocurridos en las instalaciones del INA.

“Estamos seguros de que son órdenes del ministro Talavera, quien sigue gobernando y dirigiendo esa institución a favor de los terratenientes y no de los verdaderos beneficiarios de la reforma agraria”.

Tras la represión, los y las campesinas se refugiaron en el campamento Viva Berta, donde organizaciones garífunas mantienen una protesta indefinida desde el 11 de agosto.

Entre las principales demandas de las organizaciones garífunas se encuentra el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de comunidades como Punta Piedra, Triunfo de la Cruz, San Juan y Cayos Cochinos.

También exigen la defensa de sus territorios, denuncian una política permanente de despojo, racismo institucional y criminalización contra su pueblo, y reclaman justicia y protección estatal efectiva ante las amenazas constantes.