Tegucigalpa.- Empresas madereras que explotan los recursos forestales de comunidades del norte de los municipios de Gualaco y San Esteban, en el departamento de Olancho, amenazan con despojar de sus propiedades a sus habitantes.
Comunidades como Vallecito, Las Piedras, Los Lirios, Pacura, Toro Muerto y El Naranjal viven desde hace más de dos décadas bajo amenazas de perder sus territorios.
Aproximadamente en el año 2000 apareció en la zona el empresario Carlos Orlando Zelaya Nájera, propietario de la empresa Industrias y Comercialización de Madera Sociedad Anónima (INCOMSA), con títulos que supuestamente lo acreditan como dueño de esos lugares.
Para evitar el despojo, los habitantes de estas comunidades iniciaron una lucha por la defensa de la tierra donde desarrollan actividades agrícolas para sostener a sus familias y donde además tienen establecidas sus viviendas.
Líderes de estas comunidades, pertenecientes al pueblo indígena nahua, acudieron esta semana al Ministerio Público para interponer una denuncia contra el empresario Carlos Orlando Zelaya Nájera, a quien acusan de intentar despojarlos de sus tierras.
En la denuncia presentada, las comunidades señalan que Zelaya Nájera aparece con un supuesto título de propiedad, manifestando que es el dueño de la comunidad, incluyendo las viviendas y las áreas de trabajo agrícola, pese a que los pobladores han mantenido la posesión de la tierra desde hace más de un siglo por tratarse de pueblos nahuas.
Asimismo, sostienen que desde entonces han sido amenazados con ser encarcelados si no permiten la extracción de madera en la zona.
“Desde 2024 a la fecha nos manifestó que nos ha permitido tener la vivienda y ahora nos amenaza con sacarnos, argumentando que él es el dueño de la propiedad”, dice la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público.
Los líderes comunitarios Daruin Raúl Munguía, Pedro Porfirio Meza, Bayron Reginaldo Sarmiento y Blas Humberto Sandres fueron denunciados por el empresario Carlos Zelaya Nájera por los delitos de coacción y amenazas, cumpliendo así las advertencias que, según ellos, les había hecho de “meterlos presos”.
El lunes 25 de mayo, a la 1:30 de la tarde, se realizará la audiencia inicial en los Tribunales de Justicia de Catacamas.
“Nos ha criminalizado y mediante amenazas no quiere que hagamos ninguna denuncia”, expresaron los denunciantes, quienes además solicitaron que el caso sea investigado de manera objetiva, ya que temen perder sus viviendas e incluso sus vidas.
Finalmente, denunciaron ante el Ministerio Público que el Instituto de Conservación Forestal (ICF) otorgó un plan de manejo forestal al empresario y que, con base en ese permiso, se realiza tala de madera en la zona, pese a tratarse de territorios pertenecientes al pueblo indígena nahua.
