Tegucigalpa.- En el marco del Día Nacional del Detenido Desaparecido y del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemoran el 30 de agosto, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) realizó este sábado el Encuentro por las y los Detenidos Desaparecidos, un espacio de memoria, reflexión y exigencia de verdad y justicia.
En el encuentro participaron como panelistas Juan Carlos Monge, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras; Carmen Rosa Villa Quintana, vicepresidenta del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas; Guillermo López Gallego, representante de la Embajada de España en Honduras; y Berta Oliva de Nativí, coordinadora general del Cofadeh.
Al evento asistieron familiares de personas detenidas desaparecidas, sobrevivientes de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, defensoras y defensores de derechos humanos, representantes de organizaciones sindicales y sociales, entre otros sectores.
En su intervención, Carmen Rosa Villa Quintana destacó que todas las personas afectadas directamente por una desaparición forzada deben ser reconocidas como víctimas, tal como establece la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Señaló que el primer derecho de toda persona es el derecho a no ser desaparecida, un principio que debe estar presente en el trabajo con las víctimas y sus organizaciones.
Añadió que este derecho es absoluto y que no existe ninguna circunstancia, contexto o justificación —incluida la llamada Doctrina de Seguridad Nacional— que permita la desaparición forzada de una persona.
Villa Quintana explicó que el derecho a la verdad de las víctimas y sus familias implica conocer quién desapareció, cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables. En ese sentido, sostuvo que los autores de estos crímenes deben ser investigados y sancionados, porque la impunidad persiste pese al paso de los años.
Advirtió, además, que las desapariciones forzadas no son únicamente hechos del pasado, sino que continúan ocurriendo en distintos países. Por ello, señaló la responsabilidad de los Estados de garantizar investigaciones efectivas y la búsqueda de las personas desaparecidas, de manera que el derecho a la verdad se traduzca en acciones concretas y justicia.
Por su parte, Guillermo López Gallego, representante de la Embajada de España en Honduras, expresó su reconocimiento y agradecimiento al Cofadeh, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, especialmente, a las familias de las personas detenidas desaparecidas, quienes durante más de 40 años han mantenido su búsqueda pese al paso del tiempo y la impunidad.
Aclaró que España no pretende ofrecer un modelo ni dar lecciones, sino compartir sus avances, desafíos y errores en materia de memoria democrática.
Reconoció que España llegó tarde y que el costo de esperar demasiado ha sido mantener a miles de víctimas sin identificar y sin recibir una sepultura digna.
A 87 años del final de la Guerra Civil española, señaló, todavía existen más de 10.000 personas enterradas en fosas comunes. Durante décadas, la respuesta del Estado fue el silencio, lo que evidencia las consecuencias de no atender oportunamente la verdad, la memoria y la reparación.
Destacó que el olvido no resuelve las heridas del pasado, sino que retrasa su atención y dificulta la recuperación de pruebas y testimonios.
En 2007, España aprobó su primera Ley de Memoria Histórica, lo que significó un avance al reconocer a las víctimas y declarar ilegítimos los tribunales de la represión. Sin embargo, la búsqueda de las personas desaparecidas continuaba recayendo principalmente en las familias.
Con la aprobación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, España modificó este enfoque y estableció una mayor responsabilidad del Estado en la búsqueda, investigación y atención de las víctimas, experiencia que López Gallego identificó como uno de los principales aprendizajes.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Juan Carlos Monge, manifestó que este encuentro constituye un homenaje a las víctimas de desaparición forzada, a sus familiares y a las organizaciones de derechos humanos.
Destacó el profundo significado de realizar la actividad en el Museo Contra el Olvido, un antiguo espacio asociado con la represión durante la Doctrina de Seguridad Nacional que fue transformado en un lugar de memoria, dignidad y resistencia.
Asimismo, resaltó que la permanencia de este espacio demuestra que la verdad puede abrirse camino pese a los intentos de silenciarla.
Monge recordó el significado del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, del Día Nacional del Detenido Desaparecido en Honduras y los 20 años de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, instrumento que reconoce esta práctica como una de las violaciones más graves de los derechos humanos y establece obligaciones para los Estados en materia de prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación.
También reconoció el papel fundamental de las familias de las víctimas y de organizaciones como el Cofadeh en mantener viva la memoria de las personas desaparecidas y exigir verdad y justicia frente a la impunidad. Su trabajo, señaló, ha permitido que estas historias formen parte de la memoria colectiva de Honduras.
Finalmente, destacó que la memoria y las garantías de no repetición son esenciales para fortalecer la democracia.
Por su parte, Berta Oliva de Nativí, coordinadora general del Cofadeh, expresó su profundo vínculo con la organización y con las personas sobrevivientes, a quienes consideró parte de su familia extendida.
Destacó que la memoria atraviesa su vida y su compromiso, asumido hace casi cinco décadas, y compartió un texto como una forma de reflexionar sobre la coherencia entre el amor, la memoria y la lucha que ha sostenido durante décadas.
El texto refleja una carta de amor y compromiso revolucionario en la que se entrelazan los sentimientos personales con la decisión de luchar por una causa.
Oliva señaló que ese camino ha estado marcado por alegrías, tristezas, preocupaciones y momentos de zozobra, pero expresó su confianza en la organización y en que finalmente alcanzarán el triunfo.
También advirtió sobre las campañas de calumnia, persecución y desprestigio utilizadas por los adversarios para presentar a quienes luchan por sus ideales como delincuentes. Frente a ello, sostuvo que la mejor defensa es la propia conducta y la fidelidad a los principios.
Reafirmó que haberse entregado con sinceridad, honestidad y dignidad a una causa no debe generar vergüenza, sino orgullo, aun cuando ese compromiso implique sacrificios personales y profundos vacíos en sus vidas.
Durante su intervención, Oliva expresó cómo las palabras y el recuerdo de Tomás se convierten en una fuente permanente de fortaleza para continuar la lucha. Ante el abatimiento, su memoria la impulsa a levantarse y reafirmar su decisión de buscar la verdad y luchar por la justicia, aun asumiendo los riesgos personales que ello implica.
Finalmente, destacó que compartir este testimonio constituye también un acto de memoria, amor, coraje y dignidad. Tomás, afirmó, le enseñó a no rendirse y a seguir adelante, manteniendo siempre presente la memoria del pasado como una fuerza para construir el presente y el futuro.
