Tegucigalpa.- A 20 años de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, familiares de víctimas, organizaciones de sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y representantes de Naciones Unidas reflexionaron sobre los avances y desafíos que enfrenta Honduras para esclarecer estos crímenes y combatir la impunidad.
El pasado viernes se desarrolló el foro “Honduras frente a las desapariciones forzadas: avances y desafíos”, un espacio de reflexión y análisis sobre la situación de las desapariciones forzadas en el país, realizado en el marco de los 20 años de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CED).
El encuentro, organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), reunió a familiares de víctimas, sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, con el propósito de abordar los retos que persisten en materia de verdad, justicia, búsqueda y reparación.
La jornada contó con la conferencia magistral de Carmen Rosa Villa, vicepresidenta del Comité contra las Desapariciones Forzadas, quien destacó una de las características más dolorosas de este crimen: su permanencia en el tiempo.
“Tienen una característica que las distingue de casi todas las violaciones de derechos humanos. No termina. Un homicidio ocurre y deja un cuerpo, un duelo, una fecha, una desaparición, señalo.
Agregó que “Se renueva cada mañana, cada día, cuando la familia, al despertar, vuelve a no saber nada de su ser querido. La desaparición forzada no termina hasta que se esclarece la suerte y el paradero de las personas desaparecidas.
“Y me voy a referir a un trabajo muy importante que hizo un experto de Naciones Unidas, el señor Manfred Norberg, que lo escribió con precisión este informe del año 2002 a la Comisión de Derechos Humanos, hoy día es el Consejo de Derechos Humanos, y señaló lo siguiente, y lo voy a leer palabra por palabra. El crimen de la desaparición forzada se dirige no sólo contra la persona que desaparece, sino contra todos sus familiares, sus amistades y la sociedad en la que vive. A personas que desaparecen suele matarlas de inmediato”.
A renglón seguido dijo que “Sus hijas, sus hijos, sus padres, sus cónyuges siguen viviendo durante años desgarrados entre la esperanza y la desesperación. Y aquí está el otro lado de esa misma característica, que es el que me interesa dejar hoy sobre esta mesa, sobre este espacio, si la desaparición forzada es la violación que no termina hasta que el Estado responde, entonces también es la violación en la que el Estado puede mostrar resultados mucho más rápido. Cada persona localizada es un resultado completo, cada identificación es un caso cerrado, cada búsqueda que se activa en la primera hora es un daño que no llega a hacerse.
Es decir, esta agenda no es una agenda de reproches, es una de las pocas agendas de derechos humanos en las que una decisión administrativa, una decisión judicial tomada en una oficina puede traducirse en semanas en la localización cumplida de una persona.”
Desde la perspectiva de las familias que durante décadas han mantenido la búsqueda, Berta Oliva, coordinadora de COFADEH, recordó que desde el inicio fueron conscientes de que enfrentaban una política de Estado y que la lucha por una Honduras libre de impunidad continúa siendo un desafío.
“Conscientes que lo que estábamos enfrentando era una política de Estado y el desafío a largo plazo es una Honduras libre de impunidad. Para beneficio no de sus familias, sino de la humanidad de este país. Es un gran desafío que todavía sigue siendo, continúa siendo.
A mediano plazo era encontrarlos con vida a nuestras detenidas desaparecidas. Por eso nuestra consigna viva se las llevaron vivos los queremos. No fue fácil después de 10 años entender que ese slogan no íbamos a continuar repitiendo, pero que teníamos que continuar con la lucha de la esperanza., agregó.
Ese es el otro desafío. Que los familiares tuviéramos siempre la esperanza de un país no ajusto, sino de un país justo, porque en Honduras no tenemos justicia”, puntualizó.
Durante el foro también se destacó el papel fundamental de las organizaciones de sociedad civil en la documentación, denuncia y acompañamiento de las víctimas y sus familias.
Juan Carlos Monge, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras, señaló la importancia de colocar a las víctimas y sus familiares en el centro de las discusiones y de garantizar su participación efectiva.
“…integral de los derechos de las víctimas, así como a la verdad de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas tanto en el pasado como en el presente. La sociedad civil desempeña un papel indispensable para la prevención y el combate de las desapariciones forzadas a través de la denuncia, la vigilancia y el acompañamiento a las víctimas y sus familiares. Su capacidad de documentar violaciones, exigir bendiciones de cuentas y promover reformas institucionales resulta particularmente relevante frente a contextos de impunidad, contribuyendo a fortalecer la respuesta estatal y a garantizar que los derechos de las víctimas permanezcan en el centro de toda acción pública.
Agregó que “Una vez más, insisto, las víctimas y sus familiares deben estar en el centro de toda discusión, por eso debe garantizarse su participación efectiva en todas las etapas. La conmemoración de este año ofrece una valiosa oportunidad para promover el diálogo entre autoridades, víctimas, familiares, organizaciones de la sociedad civil y comunidad internacional sobre los retos aún pendientes y las acciones necesarias para asegurar que hechos como estos no vuelvan a repetirse. Desde la oficina reiteramos nuestro compromiso de acompañar los esfuerzos encaminados a prevenir las desapariciones forzadas, a combatir la impunidad y a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas y de sus familiares.”
El foro “Honduras frente a las desapariciones forzadas: avances y desafíos” reafirma así que, dos décadas después de la adopción de la Convención Internacional, la búsqueda de las personas desaparecidas, el esclarecimiento de la verdad, la justicia y la lucha contra la impunidad continúan siendo tareas urgentes para el Estado y la sociedad hondureña.
