Giorgio Trucchi l Rel-UITA
En el marco del 20° aniversario de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CED), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) celebró el Foro “Honduras frente a las desapariciones forzadas: avances y desafíos”. La Rel UITA estuvo entre las organizaciones invitadas.
La actividad se desarrolló en Tegucigalpa en la víspera de otras dos fechas significativas que se conmemoran este 30 de agosto: el 15° aniversario del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y el 25 del Día Nacional del Detenido Desaparecido.
“La desaparición forzada vulnera múltiples derechos fundamentales y deja heridas profundas en la sociedad en su conjunto. Hoy conmemoramos 20 años de la CED, un instrumento que reafirma un principio fundamental: ninguna circunstancia, por excepcional que sea, puede justificar una desaparición forzada”, enfatizó Juan Carlos Monge, titular de la Oacnudh Honduras.
La prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación conforman el eje central de las obligaciones del Estado en materia de derecho internacional.
Pilares
Estos elementos se alinean de forma directa con los cinco pilares que estructuran la justicia transicional: verdad, justicia, reparación, memoria y garantía de no repetición.
“Honduras tiene una gran deuda histórica a raíz de las violaciones ocurridas durante la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional. Gracias al compromiso de los familiares y de las organizaciones dedicadas a la memoria, hoy conocemos la magnitud de estos hechos”, explicó Monge.
Por eso, concluyó, los derechos de las víctimas y sus familias deben estar en el centro de toda acción pública.
Por su parte, Carmen Rosa Villa, vicepresidenta del Comité contra la Desaparición Forzada, recordó la naturaleza particular de este crimen, el cual se distingue de otras violaciones a los derechos humanos porque su dolor no cesa, sino que se renueva cada mañana.
“El Estado tiene el deber de responder y esclarecer. Cada persona localizada e identificada representa un paso hacia la justicia”, manifestó.
En este sentido, Villa respaldó firmemente la aprobación de la Ley de Víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional, presentada ante el poder legislativo por el Comité de Familiares de detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), con la asesoría técnica de la OACNUDH y de la organización Memoria Abierta de Argentina.
A pesar de su importancia, el proyecto de ley sigue engavetado en el Congreso Nacional.
Muchos más
Aunque Cofadeh registra al menos 184 casos documentados de desapariciones forzadas a manos de fuerzas estatales en la década de los 80, la organización advierte la existencia de un subregistro, por lo que la cifra real podría ser considerablemente mayor.
“Después de tantos años y pese a algunos avances logrados, es imperativo abrir las puertas a las familias de las víctimas para que la deuda histórica del Estado pueda convertirse finalmente en políticas públicas”, concluyó Villa.
El foro cerró con un panel que contó con las ponencias de Bertha Oliva, coordinadora de Cofadeh; Daniel Cáceres, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y Carlos Paz. de Cáritas San Pedro Sula. El espacio fue moderado por Margarita Lema, representante adjunta de Oacnudh.
