Tegucigalpa.- Con el objetivo de orientar a la población de la zona sur del país sobre el Decreto 84-2026, defensoras de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR) participaron en un espacio de análisis en Savia Radio 89.1 FM, «Voz que construye ciudadanía».
En el programa, transmitido el 13 de noviembre, participaron las defensoras Ninoska Mejía, Hermelinda Herrera y Brandy Herrera, quienes analizaron el alcance de las reformas, sus implicaciones jurídicas y el impacto que podrían tener en la vida de la población hondureña.
Durante el diálogo, las defensoras manifestaron su preocupación por las reformas al Código Penal, especialmente por las posibles consecuencias para la ciudadanía, las organizaciones sociales y las personas que ejercen su derecho a la protesta.
En primer lugar, señalaron que, aunque se han producido cambios políticos en el país, estos parecen beneficiar principalmente a los sectores que concentran el poder, en lugar de responder a las necesidades de la población hondureña, especialmente de las comunidades del interior.
Asimismo, cuestionaron que la mayoría de los partidos políticos en el Congreso Nacional facilite la aprobación de leyes sin que exista una oposición suficientemente fuerte que permita un debate amplio y plural.
Posteriormente, analizaron el Decreto 84-2026, mediante el cual se reformaron varios artículos del Código Penal de 2019. Entre las disposiciones abordadas destacaron los artículos 272, 273, 274, 275, 415, 473 y 587.
Otro de los temas que generó preocupación durante el espacio, que tuvo una duración de una hora, fue la aplicación desigual de la justicia en Honduras.
Las defensoras señalaron que las personas de escasos recursos suelen enfrentar mayores consecuencias legales, mientras que algunos funcionarios y sectores de poder pueden recurrir a influencias y mecanismos que dificultan el desarrollo de las investigaciones judiciales.
También advirtieron sobre los riesgos que representan las denuncias falsas, las asociaciones indebidas entre personas y la posibilidad de que jóvenes sean involucrados en procesos penales por encontrarse en el lugar equivocado o mantener vínculos con personas investigadas.
Las defensoras indicaron que, aunque el endurecimiento de las penas puede justificarse como una medida para combatir delitos como la extorsión, el crimen organizado y el terrorismo, existe el riesgo de que algunas disposiciones se utilicen de manera injusta o arbitraria contra la población.
Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a informarse, analizar las reformas y defender sus derechos.
Asimismo, enfatizaron la importancia de garantizar que la justicia se aplique por igual a todas las personas y que la lucha contra la delincuencia no se convierta en una herramienta para restringir las libertades de expresión, organización y manifestación.
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