28 C
Tegucigalpa
lunes, noviembre 16, 2026
Inicio Seguridad y Justicia Berta Oliva: “Las reformas penales son una mutilación a los derechos y...

Berta Oliva: “Las reformas penales son una mutilación a los derechos y tratados internacionales”

La presidenta del COFADEH cuestionó las reformas penales aprobadas en el Congreso Nacional y advirtió que estas representan una amenaza, promueven la criminalización de los sectores empobrecidos y pueden convertirse en un instrumento de represión contra la población.

0
45

Riccy Ponce

Tegucigalpa. La presidenta del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, participó este lunes en el foro de UNE TV, conducido por el periodista Rony Martínez, para abordar el tema «Reformas penales: ¿seguridad o arma política en contra de la oposición?».

Durante la entrevista, Oliva cuestionó el contenido y el propósito de las reformas penales impulsadas desde el Congreso Nacional, al considerar que estas no representan avances en materia de justicia, sino una vulneración de derechos y garantías reconocidos en tratados internacionales suscritos por Honduras.

«Esas no podrían llamarse reformas, porque las reformas más bien traen formas. Para mí, esto es una mutilación a los derechos y tratados internacionales de los que Honduras es suscriptor y que están por encima de todo nuestro accionar», expresó.

La defensora de derechos humanos calificó las disposiciones como una forma de amenaza e intimidación, cuyo trasfondo, señaló, es la criminalización de determinados sectores de la sociedad.

Asimismo, manifestó que estas decisiones evidencian la improvisación gubernamental y contribuyen al deterioro institucional del país.

Oliva también cuestionó el papel que ha asumido el Congreso Nacional en las decisiones políticas del Estado, al señalar que el Poder Ejecutivo parece actuar bajo las instrucciones del Legislativo, situación que, a su criterio, refleja una extralimitación de funciones y profundiza los problemas políticos y jurídicos del país.

Uno de los aspectos que más preocupan a la presidenta del COFADEH es la estigmatización de las comunidades empobrecidas y excluidas, a las que, según señaló, se dirige el discurso de criminalización contenido en estas reformas.

Al referirse a las declaraciones que vinculan sectores como El Pedregal y la colonia Tres de Mayo con escenarios de criminalidad, cuestionó el mensaje que se transmite al señalar determinados territorios como espacios donde opera el crimen organizado.

«¿A qué crimen organizado nos referimos?», preguntó, al advertir que este tipo de señalamientos contribuye a justificar acciones represivas contra las poblaciones más vulnerables del país.

Para Oliva, las reformas están orientadas a legitimar la represión y profundizar la exclusión, al estigmatizar desde antes de cualquier acción a sectores que representan a una parte mayoritaria de la población hondureña.

«La pobrería» es precisamente uno de los sectores que, según sostuvo, termina siendo señalado y expuesto a las consecuencias de estas disposiciones, mientras se pretende justificar la aplicación de medidas que pueden vulnerar sus derechos.

En ese contexto, cuestionó que las instituciones encargadas de garantizar la justicia no estén asumiendo una posición firme frente a estas reformas. Consideró que el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia deberían actuar para promover recursos de inconstitucionalidad y dejar sin efecto las disposiciones que contravengan la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

«Deberían de estarnos invitando el Ministerio Público para que los acompañemos, si realmente hubiera un Ministerio Público independiente, o la propia Corte Suprema de Justicia haciendo recursos de inconstitucionalidad y dejando nulas estas reformas», manifestó.

Asimismo, rechazó los argumentos que pretenden separar las disposiciones de las reformas entre aspectos positivos y negativos, al considerar que el problema está en el sentido y la intención con que fueron elaboradas. Advirtió que su contenido puede generar confusión entre los operadores de justicia y las fuerzas policiales, mientras se les proporciona un marco de aparente legitimidad para actuar contra la sociedad.

La presidenta del COFADEH expresó su preocupación por el rumbo que está tomando el país y recordó que su apuesta ha sido siempre por la construcción de un Estado fortalecido, capaz de garantizar los derechos de todas las personas, sin distinción de su condición económica.

«Yo honestamente no creía haber vivido hasta este tiempo para ver lo que estoy viendo, porque yo le he apostado siempre a que tengamos un Estado fortalecido, un Estado que tenga garantías; que todos los ciudadanos, en este sentido, sea pobre o sea rico, tengamos la certeza de que hay un sistema de justicia que te protege», expresó.

Finalmente, Oliva planteó una interrogante sobre los verdaderos beneficiarios de estas reformas penales: «Entonces, ¿para quiénes son estas reformas, para el pueblo o para beneficiar a quién?».

Sus cuestionamientos ponen sobre la mesa la preocupación por el uso de las reformas penales, el debilitamiento de las garantías ciudadanas y el riesgo de que el sistema de justicia se convierta en un instrumento de persecución contra los sectores más vulnerables y quienes ejercen oposición o defienden derechos humanos.

Artículo anteriorCOMUNICADO PÚBLICO
Artículo siguienteAbogada Silvia Ayala denuncia instrumentalización de la justicia y persecución contra sectores populares en Honduras
Share This